REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA DE INMIGRANTES

Sánchez abre la puerta a los inmigrantes indocumentados con su regularización extraordinaria
La Policía Nacional detecta un aumento del 60% en las denuncias por supuesta pérdida o robo de pasaporte tras el anuncio del proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno
El anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de poner en marcha una regularización extraordinaria para al menos medio millón de extranjeros en situación irregular ya ha encendido todas las alarmas en el seno de la Policía Nacional. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha emitido un oficio interno en el que advierte de un incremento del 60% en las denuncias por extravío, pérdida o sustracción de documentación (principalmente pasaportes) por parte de ciudadanos extranjeros indocumentados.
Mientras el Gobierno defiende que el objetivo es ofrecer a estas personas la oportunidad “de vivir con igualdad de derechos” y responder a una realidad con impacto en la convivencia y la economía, muchos de los posibles benefactores de la medida se le cuelan por la puerta de atrás al presidente del Gobierno cambiando su identidad u ocultando sus antecedentes.
El documento de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, fechado el 10 de febrero y adelantado por El Español, constata que el repunte se ha detectado al comparar los datos entre el 15 de enero y el 6 de febrero de 2026 con el mismo periodo de 2025. La fecha coincide con la publicación de la noticia sobre el nuevo proceso de regularización acordado por el Ejecutivo tras su pacto con Podemos.
La medida, cuya tramitación urgente fue autorizada por el Consejo de Ministros el 27 de enero, permitirá regularizar a personas extranjeras que acrediten al menos cinco meses de residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que carezcan de antecedentes penales. También podrán acogerse solicitantes de protección internacional que hubieran presentado la solicitud antes de esa fecha.
Sin embargo, según recoge el oficio policial titulado “difusión de alerta y criterio básico de actuación policial, relacionados con el aumento de denuncias por extravío/pérdida o sustracción de documentación por parte de ciudadanos extranjeros indocumentados”, se ha tenido conocimiento de un “aumento significativo” de denuncias en las ODAC (Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano) por parte de extranjeros “completamente indocumentados”.
La información de la que dispone Extranjería apunta a que, en el marco del eventual proceso extraordinario de regularización, se podría estar recurriendo a alegar la pérdida del pasaporte “buscando una manera de acreditar la presencia en territorio español en el periodo comprendido por el proceso de regularización extraordinaria”.
Picos llamativos en determinadas nacionalidades
Los datos desglosados por nacionalidades reflejan incrementos especialmente elevados: ciudadanos pakistaníes (866,67%), argelinos (356,25%), marroquíes (114%) y colombianos (39%). El documento no detalla cifras absolutas, pero sí subraya la magnitud del crecimiento porcentual.
Además, cuando algunas plantillas policiales han procedido a realizar una identificación plena del denunciante, han podido comprobar que en muchos casos existían “antecedentes penales y/o policiales en España y/o en otros países”. También se han detectado falsificaciones mediante el uso de “otras identidades diferentes de la denunciada” y la existencia de “resoluciones administrativas en materia de Extranjería aún en vigor”.
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Patricia Rodríguez Corchado
Extranjería recomienda comprobar e identificar plenamente al ciudadano
Ante este escenario, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha recomendado que, cuando un ciudadano extranjero indocumentado acuda a denunciar la pérdida o sustracción de su pasaporte o documento de identidad, se proceda a su identificación plena y a la comprobación de su situación administrativa en España, sin perjuicio de tramitar la denuncia correspondiente.
Los sindicatos policiales ya habían advertido tras el anuncio del Ejecutivo que la regularización podía responder a un “cálculo político” y alertaron de que se pondría en marcha “sin medios de refuerzo y poniendo en riesgo la seguridad”. También avisaron del posible “efecto llamada”, del “fraude del pasaporte perdido” y de que la medida podría convertirse en un “balón de oxígeno para las mafias dedicadas al tráfico y trata de seres humanos”.