El PP lanza su ofensiva en vivienda y busca reprobar a la ministra Isabel Rodríguez
Los populares presentan más de 30 medidas ante el encarecimiento récord mientras acusan al Gobierno de bloquear la oferta de obra nueva y expulsar a los jóvenes del mercado residencial
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez
El Partido Popular ha decidido situar la vivienda en el centro de la batalla política y parlamentaria. Sus grupos en Congreso y Senado registrarán la próxima semana iniciativas para reprobar a la ministra Isabel Rodríguez y forzar un cambio de rumbo ante lo que consideran el fracaso del modelo actual.
La ofensiva llega acompañada de un plan con más de treinta medidas. El eje principal es aumentar la oferta: construcción de hasta un millón de viviendas en cuatro años mediante colaboración público-privada y movilización del suelo estatal para alquiler asequible.
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La vicesecretaria popular Carmen Fúnez sostiene que el sistema actual “no protege a los jóvenes” y ha convertido el acceso a la vivienda en una quimera. Los datos incluidos en la iniciativa apuntan a que un trabajador joven debería destinar más del 90% de su salario al alquiler y cerca de once años íntegros de sueldo para comprar una vivienda media.
Deterioro de la seguridad jurídica
Los populares vinculan la escasez al marco legal vigente, que —afirman— ha deteriorado la seguridad jurídica y frenado la puesta en el mercado de inmuebles. En ese contexto sitúan también el aumento de denuncias por okupación y la retirada de pequeños propietarios del alquiler.
El paquete incluye además rebajar el IVA de la primera vivienda del 10 al 4%, incentivos fiscales para jóvenes durante sus primeros años laborales y medidas de protección tanto para propietarios como inquilinos. Según el portavoz adjunto Sergio Sayas, el objetivo es “más oferta, más seguridad jurídica y más facilidades para volver a acceder a una casa”.
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El PP plantea la vivienda como una política estructural: sin acceso residencial, advierten, se retrasa la emancipación y cae la natalidad. Por ello pretenden convertir el debate en eje de la próxima agenda parlamentaria.
El Gobierno defiende su regulación y atribuye la tensión a factores estructurales, pero la oposición busca elevar el coste político de la situación llevando la reprobación de la ministra al Senado. La vivienda, convertida ya en la principal preocupación social, entra así de lleno en la confrontación política nacional.