El PP lleva a Bruselas la semilibertad de Txeroki y carga contra Sánchez
Eurodiputados populares denuncian las excarcelaciones masivas de etarras sin arrepentimiento y piden a la Comisión Europea investigar posibles cesiones políticas a Bildu y la falta de protección a víctimas
El etarra Txeroki a su salida de la cárcel
El Partido Popular ha decidido internacionalizar la polémica penitenciaria. Su delegación en el Parlamento Europeo ha remitido una carta al comisario europeo de Justicia para denunciar la concesión del régimen de semilibertad al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki, y pedir explicaciones al Gobierno español.
La misiva, firmada por Dolors Montserrat, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido y Borja Giménez Larraz —este último, víctima de terrorismo— sostiene que la medida no puede considerarse un caso aislado. Según el texto, forma parte de una política continuada de beneficios penitenciarios aplicada a los presos de la organización terrorista.
Castellón
El día que el etarra Txeroki intentó masacrar a los turistas en Marina D'Or en Oropesa
Sonia García
Los populares aseguran que al menos 112 de los 119 etarras encarcelados en prisiones vascas han recibido medidas que les permiten circular libremente por la calle, pese a que ninguno haya mostrado “arrepentimiento efectivo” ni colaborado con la justicia en más de 300 atentados aún sin resolver. También señalan que desde 2021 el 85% de los beneficios del artículo 100.2 se han concedido a condenados por terrorismo.
El PP vincula estas decisiones al contexto parlamentario nacional. A su juicio, la dependencia del Gobierno de los votos de EH Bildu —heredero político del entorno de ETA— introduce un “riesgo real de instrumentalización” de la política penitenciaria. Por ello reclaman a la Comisión Europea que requiera información sobre el fundamento jurídico de las medidas, la posible colaboración del preso con la justicia y las garantías dadas a las víctimas.
La carta sostiene además que estas concesiones podrían entrar en contradicción con la normativa europea sobre protección de víctimas, al no haber sido informadas ni escuchadas antes de adoptarse las decisiones.
Con esta iniciativa, el PP busca trasladar el debate del ámbito nacional al comunitario y situar la cuestión en el marco del Estado de Derecho europeo. El objetivo político es elevar la presión sobre el Ejecutivo y convertir la política penitenciaria en un frente más de confrontación institucional, esta vez ante las autoridades comunitarias.