De los controladores a los médicos: el Estado señala a sus profesionales como problema

Antes que los médicos fueron los controladores. Y muchos de ellos lo recuerdan estos días. Diciembre de 2010. Media España pendiente de los aeropuertos en pleno puente de la Constitución. El Gobierno, por medio del entonces Ministro de Transportes Pepiño Blanco, decreta el cierre del espacio aéreo y militariza el servicio. El relato oficial habló entonces de “huelga salvaje”; el sector respondió que no había paro convocado, sino un colapso provocado por cambios laborales y de jornada impuestos a sus espaldas y sin contar con los sindicatos mayoritarios del sector.

Aquella crisis marcó un antes y un después. La profesión pasó a estar bajo control directo del Estado, se reformó el modelo laboral y los controladores quedaron durante años asociados en la opinión pública a la imagen de privilegio y abuso. Hubo imputaciones penales por sedición, como a los amnistiados golpistas catalanes, y una batalla judicial larguísima que se prolongó durante más de una década. Las causas terminaron archivadas o sin condena hace apenas tres años, pero el desgaste reputacional ya era irreversible.

USCA avisaba: "Esto pasará en otros sectores"

En aquel momento, desde la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) se lanzó una advertencia que hoy vuelve a circular: los conflictos en servicios públicos esenciales no se ganan en mesas de negociación, también se libran en el terreno del relato social. Y que volvería a pasar: rehenes de los Gobiernos y no al servicio de la ciudadanía.

Quince años después, la escena se repite con otro uniforme. Bata blanca en lugar de radar.

Los médicos en huelga contra el Estatuto Marco denuncian sobrecarga laboral, falta de negociación propia y deterioro asistencial. ¿Les suena de 2010? Desde el Gobierno se insiste en la protección del paciente y en evitar tensiones en la sanidad pública. Entre ambos discursos aparece una grieta conocida: el profesional pasa de garante del sistema a obstáculo para su funcionamiento.

Las palabras cambian —“privilegiados” ayer, “corporativistas” hoy— pero el esquema resulta familiar. Un servicio esencial no puede parar, así que el conflicto laboral se convierte rápidamente en un problema político y el poder del Ejecutivo se lanza a por los que osan solicitar el garantizar un correcto funcionamiento del servicio con una mejora de las condiciones que redundan en una mejor asistencia.

El paralelismo no es exacto, pero sí reconocible: cuando fallan las estructuras, la presión se traslada a quienes están en primera línea. Ocurrió en las torres de control, ahora sucede en hospitales y centros de salud. La diferencia es el tiempo.

Los controladores tardaron años en limpiar su situación en los tribunales, pero nunca lograron borrar del todo la etiqueta pública. Por eso, en algunos hospitales estos días circula una conclusión amarga: el conflicto laboral, se resuelva o no se resuelva, va dejar cicatriz.

En España, parece, los servicios públicos siempre son intocables para la izquierda. Hasta que quienes los sostienen con su trabajo levantan la mano.