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Bronca máxima por la regularización: Vox acusa al Gobierno de mentir durante años,"No vienen a pagarnos las pensiones"

La diputada Rocío de Meer interpeló en el Congreso a la ministra de Migraciones tras los últimos datos del INE, y cargó contra la regularización, el gasto en ONG y el efecto en servicios públicos y seguridad

Rocío De Meer Méndez, diputada en el Congreso porr Vox

Rocío De Meer Méndez, diputada en el Congreso porr Vox Congreso de los diputados

Patricia Rodríguez Corchado
Enviada al Congreso

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La diputada de Vox por Almería, Rocío de Meer, interpeló este miércoles a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para pedir explicaciones sobre la política migratoria del Ejecutivo, después de conocerse los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan en 10 millones el número de extranjeros residentes en España.

Durante su intervención en la Cámara, De Meer aseguró que la cifra supone un cambio demográfico de gran magnitud y criticó que, a su juicio, el Gobierno haya mantenido durante años un discurso que “no se corresponde con la realidad” que reflejan ahora los datos oficiales.

Un debate reactivado por los datos del INE

En el hemiciclo, la diputada afirmó que “10 millones de extranjeros en un país de 49 millones de habitantes equivalen a 29 provincias españolas”, y reprochó al Ejecutivo haber defendido un relato que, según sostuvo, minimizaba el alcance del fenómeno migratorio.

En ese sentido, cuestionó mensajes institucionales difundidos en años anteriores y acusó al Gobierno de haber presentado la inmigración como un fenómeno ligado principalmente al refugio y a la huida de conflictos, algo que Vox calificó como un “bulo oficial”.

Seguridad Social, regularización y servicios públicos

Uno de los ejes centrales de la intervención fue el impacto económico. De Meer rechazó que la inmigración masiva sea imprescindible para sostener el Estado del bienestar y negó que “venga a pagar las pensiones”, argumentando que una parte relevante de los extranjeros se concentra en empleos no cualificados o se encuentra en desempleo, lo que —según su tesis— tendría un efecto negativo en el saldo de la Seguridad Social.

La diputada también criticó el acuerdo de regularización impulsado por el Gobierno y sus socios parlamentarios, al que atribuyó un componente político y electoral. En la réplica, insistió en que este tipo de medidas sí tendrían efectos en el acceso a la nacionalidad y en el derecho de voto en determinadas elecciones, algo que, según afirmó, contradice el discurso del Ejecutivo.

Además, sostuvo que la inmigración masiva sí está afectando a los servicios públicos, especialmente a la sanidad, y aludió a listas de espera que calificó de récord

Fondos públicos, ONG y delincuencia

En otro tramo de su intervención, De Meer cuestionó el destino de fondos públicos destinados a organizaciones no gubernamentales, citando subvenciones concedidas al Movimiento por la Paz. Según denunció, la gestión de la “solidaridad” institucional se realiza a través de entidades vinculadas ideológicamente al Gobierno.

En materia de seguridad, la diputada afirmó que la inmigración masiva tiene consecuencias en la delincuencia, citando datos del Ministerio del Interior y un informe de la Policía Foral de Navarra que —según dijo— reflejaría una elevada participación de extranjeros en determinados delitos en esa comunidad.

Choque político en el Congreso

El debate se tensó en el turno de réplica, cuando la diputada acusó a la ministra de desplegar lo que denominó “el manual de la verdad oficial” del Partido Socialista. Vox insistió en que el Ejecutivo estaría financiando campañas y titulares institucionales para “imponer su relato” y denunció que se pretenda desacreditar o silenciar a quienes discrepan.

De Meer cerró su intervención afirmando que el Gobierno “no es el gobierno del mundo, sino el Gobierno de España”, y defendió que debe priorizar a los ciudadanos españoles, especialmente a los más vulnerables. También afirmó que su partido no plantea medidas contra personas que huyen de la pobreza, sino una estrategia dirigida a combatir a las mafias de tráfico de personas y a las ONG que, según Vox, colaboran con ellas.

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