pieza separada del 'caso villarejo'
BBVA y su expresidente a juicio por encargos a Villarejo: indicios de que actuaron al margen para espiar empresarios, abogados y periodistas
La Audiencia Nacional confirma el procesamiento del BBVA, de su expresidente Francisco González y de varios exdirectivos por la contratación de José Manuel Villarejo para presuntos encargos ilegales entre 2004 y 2016. Los magistrados rechazan todos los recursos y avalan que existen indicios suficientes de delitos continuados de cohecho y revelación de secretos que deberán analizarse en juicio.
El expresidente del BBVA, Francisco González, a su llegada a la Audiencia Nacional.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha cerrado filas en torno a la investigación del denominado caso Villarejo vinculado al BBVA y han confirmado el procesamiento de su expresidente, Francisco González, y de otros exdirectivos. En una serie de autos los magistrados respaldan la posición de la Fiscalía Anticorrupción y del juez instructor considerando que “no resulta creíble el desconocimiento alegado” por la entidad financiera sobre los trabajos encargados al grupo empresarial CENYT, vinculado a Villarejo.
Recordar en este punto que CENYT (Club Exclusivo de Negocios y Transacciones, SL) es el entramado empresarial utilizado por el comisario jubilado José Manuel Villarejo para realizar labores de inteligencia, espionaje y consultoría privada. Se estima que habría facturado más de 10 millones de euros en proyectos opacos, siendo el caso más notable el del BBVA.
Además del citado banco y de su expresidente González, la confirmación del procesamiento alcanza a antiguos altos cargos de la entidad como el exresponsable de Seguridad Julio Corrochano, el exconsejero delegado Ángel Cano, el exjefe de Control Interno Eduardo Arbizu y el exdirector de Riesgos Antonio Béjar.
El que fuera jefe de seguridad de BBVA Julio Corrochano acude a declarar a la Audiencia el 21 de diciembre de 2021.
La Sala pone el foco en el sistema de prevención y control del banco. Según los magistrados, dicho modelo no era eficaz porque dejaba fuera de cualquier supervisión real a la Presidencia Ejecutiva y a la alta dirección. Es decir, que actuaban al margen de los controles de seguridad y oficiales de manera claramente intencionada. De forma indiciaria, consideran que desde esos niveles se habrían cometido delitos de cohecho y revelación de secretos en beneficio del propio banco. “No es irrazonable concluir”, sostienen, que el modelo de organización y gestión para prevenir delitos permitía que un grupo de personas actuara sin control efectivo, con órdenes que eran obedecidas sin cuestionamiento por los subordinados.
Villarejo y CENYT no eran desconocidos
En lo que respecta a Francisco González, la Sala respalda la tesis del instructor: algunos de los contratos con CENYT fueron ordenados por el entonces presidente del BBVA, que “ya sabía quién era” esa entidad y cuáles eran sus métodos tras experiencias previas. Para los jueces, no resulta irracional inferir que optara por esa vía tras no obtener resultados con otros métodos de investigación y sí lograrlos con CENYT.
El excomisario José Manuel Villarejo llega a la Audiencia Nacional.
La resolución subraya que existen indicios suficientes para sostener provisionalmente que González conocía que la información obtenida en virtud de esos contratos se habría conseguido sin respetar la legalidad, mediante el uso de funcionarios policiales para acceder a datos íntimos y a fuentes cerradas, con injerencia en derechos fundamentales y sin autorización judicial. Pese a ello, habría ordenado continuar con las contrataciones. Es por tanto que los hechos, según la Sala, presentan “los caracteres de delitos continuados de cohecho y revelación de secretos”, lo que impide el sobreseimiento solicitado por las defensas y conduce a la desestimación de los recursos.
Pieza separada del 'caso Villarejo'
La investigación ya había dado un giro clave en junio de 2024, cuando el juez instructor Manuel García Castellón propuso juzgar al banco, a González y a Villarejo, entre otros, tras una instrucción plasmada en un auto de 268 páginas que puso fin a la pieza separada 9 del caso Villarejo.
El magistrado situaba el origen de los hechos en 2002, con la contratación por el BBVA de Julio Corrochano, excomisario de Policía. Esa incorporación, con la aquiescencia expresa de Francisco González, habría facilitado el enlace entre la entidad y antiguos compañeros del citado policía, entre ellos Villarejo y el también comisario en activo Enrique García Castaño.
Fachada de la sede de BBVA, a 31 de julio de 2024, en Madrid (España). Eduardo Parra / Europa Press 31 JULIO 2024
Según el relato judicial, Villarejo habría utilizado de forma fraudulenta su posición en la estructura policial para lucrarse mediante una red empresarial que le permitía acceder indirectamente a registros policiales y bases de datos reservadas. Corrochano, conocedor de esa doble actividad, habría informado a González de la existencia de ese “recurso” garantizando discreción y opacidad.
A partir de ahí, siempre según el instructor, se firmaron contratos para desarrollar proyectos de inteligencia que incluían seguimientos, intervención de tráfico de llamadas, consultas de bases de datos y averiguaciones patrimoniales sobre empresarios, abogados o periodistas.
Ahora, con la confirmación del procesamiento por parte de la Audiencia Nacional, el caso avanza hacia el juicio, donde deberán valorarse en conjunto todos los indicios que, a juicio de la Sala, justifican sentar en el banquillo a la entidad y a quienes dirigieron sus decisiones ejecutivas en aquellos años.
