Guardias civiles denuncian el fracaso del protocolo contra el acoso y exigen una reforma urgente

Las recientes declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciando una inspección extraordinaria sobre los protocolos de acoso en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han reabierto un debate que, según denuncian las asociaciones profesionales, lleva años ignorado. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) consideran que la reacción llega tarde y solo tras episodios de especial gravedad y repercusión mediática.

La organización recuerda que el actual protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo en la Guardia Civil fue aprobado por resolución de 22 de julio de 2019 y que, desde entonces, ha sido objeto de duras críticas por sus “graves carencias” y por situar a las víctimas en una posición de clara desventaja respecto a otros empleados públicos.

Uno de los puntos más controvertidos es el canal de denuncia. En la Guardia Civil, la persona que sufre acoso debe comunicarlo al superior jerárquico del presunto acosador, una circunstancia que AUGC califica de “despropósito jurídico”. En la Administración General del Estado, subrayan, la denuncia puede ser presentada no solo por la víctima, sino también por su representante legal, sindicatos u otros empleados públicos.

También cuestionan las limitaciones en el acompañamiento. Mientras que en otros ámbitos de la Administración cualquier persona de confianza puede asistir a la víctima durante el procedimiento, en el Instituto Armado esa posibilidad queda restringida a miembros del propio Cuerpo, lo que, según la asociación, merma el derecho a la asistencia y al apoyo.

En el plano organizativo, AUGC denuncia que con frecuencia es la presunta víctima quien debe abandonar su destino o continuar trabajando bajo la supervisión directa de su supuesto acosador si no prospera el traslado. En contraste, en la Administración civil se prioriza la separación del denunciado, garantizando la estabilidad laboral de la persona afectada.

A ello se suman, según la asociación, plazos excesivamente largos que obligan a relatar los hechos en múltiples ocasiones y que culminan en resoluciones sin posibilidad de recurso interno para la víctima, a diferencia de lo que ocurre en otros departamentos públicos donde existen vías de apelación ante órganos asesores.

La organización también pone el foco en la aplicación del Código Penal Militar en actuaciones estrictamente policiales, lo que, a su juicio, genera una “barrera jurisdiccional” que dificulta que determinados casos sean conocidos desde el primer momento por la jurisdicción ordinaria. Denuncian que el aforamiento de facto de algunos mandos y el peso de la jerarquía pueden actuar como elementos disuasorios para quienes se plantean denunciar.

Como ejemplo de esta situación, citan el caso de una teniente que respaldó a una agente que denunciaba acoso por parte de un suboficial y que, tras informar de los hechos, fue expedientada. Para AUGC, este episodio evidencia que el sistema puede llegar a penalizar a quienes protegen a la víctima.

Ante este escenario, la asociación exige la convocatoria inmediata de un grupo de trabajo que reforme en profundidad el protocolo vigente y garantice un entorno laboral seguro, especialmente para las mujeres del Cuerpo. “La tolerancia cero frente al acoso no puede quedarse en un eslogan”, advierten, reclamando hechos concretos y cambios normativos efectivos.