Ábalos y Koldo, rumbo al banquillo en abril por el escándalo de las mascarillas

El Tribunal Supremo ha despejado el camino para que el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García se enfrenten a juicio por el denominado caso de las mascarillas. La Sala de lo Penal ha rechazado las alegaciones presentadas por sus defensas para trasladar la causa a la Audiencia Nacional, una decisión que, de haberse aceptado, habría retrasado el proceso judicial.

Según fuentes jurídicas, el tribunal ha desestimado las cuestiones previas planteadas por los abogados de ambos acusados durante la audiencia preliminar celebrada el pasado 12 de febrero. Con esta decisión, el alto tribunal mantiene su competencia sobre el procedimiento y deja todo listo para que la vista oral comience previsiblemente en el mes de abril.

Las defensas habían insistido recientemente en que la investigación debía ser asumida por la Audiencia Nacional, pero el Supremo ha cerrado esa vía, consolidando el calendario judicial del caso.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García por su presunta participación en una trama destinada a obtener beneficios económicos a través de contratos públicos relacionados con la compra de material sanitario. Las acusaciones particulares elevan incluso las penas solicitadas hasta 30 años de cárcel.

El tercer acusado en la causa es el empresario Víctor de Aldama, para quien el Ministerio Público pide siete años de prisión. En su caso, la pena es menor debido a su colaboración con la Fiscalía y a haber reconocido su implicación en los hechos investigados.

Un supuesto entramado para beneficiarse de contratos públicos

En su escrito de acusación, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, describe a Koldo García como una figura clave dentro del presunto entramado. Según la Fiscalía, actuaba como el principal intermediario del entonces ministro, transmitiendo instrucciones y gestionando operaciones relacionadas con las adjudicaciones investigadas.

El Ministerio Público sostiene que su papel iba más allá de un simple asesoramiento, situándolo como el supuesto testaferro de Ábalos en diversas actividades vinculadas con la trama.

Por su parte, el magistrado instructor del caso considera que los tres acusados comenzaron a coordinarse poco después de que Ábalos asumiera el cargo de ministro en junio de 2018. Según el auto judicial, el objetivo habría sido aprovechar su posición dentro de la Administración para beneficiarse económicamente de contratos que pudieran adjudicarse desde organismos públicos.

La investigación también apunta al papel del empresario Víctor de Aldama, quien, según el juez, habría contado con información previa y privilegiada sobre la urgencia sanitaria que generaría la necesidad de adquirir material médico. Esa circunstancia le habría permitido preparar una oferta con antelación para asegurarse el negocio vinculado al suministro de mascarillas.

Tras la decisión del Tribunal Supremo de mantener la causa y rechazar las maniobras procesales de las defensas, el procedimiento entra ahora en su fase decisiva. Si no se producen nuevos obstáculos, el juicio comenzará en abril y pondrá bajo el foco judicial una de las investigaciones más relevantes sobre contratos públicos relacionados con la crisis sanitaria.