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La Fiscalía desmonta el caso Ana Millán y la izquierda estalla ante una victoria del PP en los tribunales
El Ministerio Público pide archivar la causa contra Ana Millán y la Audiencia Provincial de Madrid marca que la instrucción debió terminar en septiembre de 2025. En el PP ven confirmada su tesis: la denuncia se usó como arma política y ahora el golpe lo encajan PSOE y Más Madrid.
(Foto de ARCHIVO) (I-D) Ana Millán, Alfonso Serrano; Alberto Nuñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso;
Demoledor varapalo al “caso” contra la vicesecretaria de Organización del PP de Madrid. La Fiscalía solicita el sobreseimiento tras una década de acusaciones impulsadas por PSOE y Más Madrid, y la Audiencia Provincial deja claro que la investigación se prorrogó sin justificación.
Madrid, 4 de marzo de 2026.
La Justicia empieza a poner orden donde durante demasiado tiempo hubo ruido. El informe de la Fiscalía, conocido esta semana, solicita el archivo de la causa contra Ana Millán, vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, y lo hace con una conclusión contundente: no existió participación de Millán en delito alguno.
El documento no sólo desmonta las acusaciones, sino que retrata con crudeza el coste de una estrategia que la izquierda —PSOE y Más Madrid— ha explotado durante diez años: el uso de procedimientos judiciales como palanca política para desgastar a un adversario. Porque cuando la Fiscalía pide el sobreseimiento, lo que se cae no es una pieza menor: se cae el relato.
“Hechos sin naturaleza de delito”: la línea ya la marcó el TSJ
Este giro no surge de la nada. El PP recuerda que el TSJ de Madrid ya había advertido hace más de un año que se estaba ante “una serie de hechos que objetivamente no ostentan por sí la naturaleza de delito”. Y, aun así, el caso volvió al Juzgado de Navalcarnero y se prolongó seis años más, en una instrucción que, según los populares, sólo consiguió una cosa: daño personal y reputacional a la afectada.
La UCO investigó nueve contratos y no halló irregularidades, según el PP
Otro dato decisivo: la UCO investigó nueve contratos y, según el comunicado del PP de Madrid, no encontró irregularidades ni arbitrariedades. Tampoco quedó acreditado que Ana Millán hubiera recibido ingresos injustificados al margen de su condición de concejal, ni se probó conexión entre ingresos investigados y contratos adjudicados en esa etapa.
En otras palabras: mucha sospecha, mucha titularidad política… y cero sustancia penal.
La Audiencia Provincial pone fecha al exceso: septiembre de 2025
Y hoy llega el segundo golpe, esta vez desde la Audiencia Provincial de Madrid: no estuvo justificada la prórroga de la instrucción acordada en septiembre de 2025, por lo que debió haber finalizado entonces. Un aviso inequívoco: el procedimiento no podía eternizarse.
Cuando un tribunal marca el límite con esa claridad, lo que se está diciendo, sin eufemismos, es que se estiró más de la cuenta.
La gran contradicción: quieren limitar la acusación popular… pero la usan contra rivales
El PP denuncia además una incoherencia que retrata el clima político actual: mientras el Gobierno promueve una reforma para impedir que los partidos ejerzan la acusación popular, PSOE y Más Madrid han hecho precisamente lo contrario en este caso, empujando una causa que —a la vista del criterio de Fiscalía y Audiencia— habría servido más para la batalla política que para la búsqueda de verdad judicial.
El final que llega… y lo que puede venir después
Con Fiscalía y Audiencia alineando el foco, el PP de Madrid pide que la Justicia se pronuncie “lo antes posible” para evitar más daño innecesario. Y deja abierta una puerta evidente: cuando el caso quede completamente cerrado, tras tantos años de “insultos y calumnias”, el partido y Ana Millán se reservan acciones judiciales para defender su honor.
Porque la pregunta ya no es sólo por qué se abrió una causa: es por qué se mantuvo durante tanto tiempo cuando las pruebas no sostenían el ruido. Y a la vista de los informes, Ana Millán no ha sido una “investigada”: ha sido, durante años, una diana.