Sánchez y sus ministras quedan en ridículo tras el varapalo judicial a Sarah Santaolalla: todo era un bulo

El Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE han quedado en evidencia tras el contundente auto judicial que desestima la orden de alejamiento solicitada por la analista política Sarah Marina Pérez Santaolalla contra el periodista Vito Quiles. La magistrada Sonia Agudo Torrijos, del Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, ha concluido que no existen indicios de agresión física ni de acoso, y por lo tanto tampoco aprecia relación alguna de esos hechos con el estrés alegado por Santaolalla. Esta resolución deja en ridículo a los altos cargos socialistas que, en los días previos, se apresuraron a respaldar la versión de la denunciante, hablando de "violencia fascista" y "agresión" sin pruebas.

El incidente ocurrió el 2 de marzo a las puertas del Senado, durante un acto del PSOE por el 8M. Santaolalla denunció que Quiles la había empujado, golpeado y pisado, solicitando medidas cautelares urgentes. Sin embargo, el auto judicial, dictado este mismo 5 de marzo, destaca que el vídeo aportado por Quiles contradice esta versión: no se aprecia acercamiento ni agresión, sino que es el periodista quien es apartado violentamente. Los informes médicos forenses confirman la ausencia de lesiones relacionadas con los hechos, y la jueza descarta cualquier patrón de hostigamiento, atribuyéndolo a coincidencias profesionales en eventos políticos.

Pese a esta claridad judicial, el Gobierno y el PSOE se lanzaron a defender a Santaolalla con vehemencia. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, condenó públicamente el supuesto incidente, afirmando que "en una jornada sobre violencia digital contra las mujeres hoy se han cruzado todas las líneas rojas: el odio y el acoso en las redes se convierte en violencia física en las calles. Un abrazo, Sarah". Una declaración que ahora suena hueca, ya que la magistrada no ve conexión entre los hechos y ninguna "violencia física".

No menos embarazosa es la intervención de la ministra de Ciencia, Diana Morant, quien denunció que se habían "traspasado todos los límites" y acusó a Quiles de ser un "agitador ultra" respaldado por la derecha: "Hoy Sarah Santaolalla, mi compañera Rocío Briones y otras senadoras han sido agredidas por el agitador ultra Vito Quiles. Mientras la derecha le jalea, nosotras no callaremos. Los matones acabarán en el juzgado. Todo mi apoyo". La realidad judicial ha invertido los roles: no hay matones, sino un periodismo legítimo que la jueza protege para evitar "censura encubierta".

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, también se sumó al coro, expresando "toda mi solidaridad" y cuestionando "hasta dónde van a llegar estos acosadores violentos que cierran campañas del PP". Una retórica inflamada que choca con la conclusión de la magistrada: los hechos no justifican medidas restrictivas, y no hay riesgo objetivo para Santaolalla.

Desde el PSOE, el portavoz en el Senado, Juan Espadas, fue aún más lejos. Anunció que el partido denunciaría a Quiles por la "agresión" y presentaría una declaración institucional en el Pleno para condenar "actitudes de violencia física y hostigamiento". Espadas, testigo presencial según sus palabras, afirmó: "No me lo han contado, he sido testigo: fue hostigada, acosada y en un acto de provocación con empeñones y empujones...". Declaró a Quiles "persona non grata" en la Cámara Alta y urgió al PP a respaldar la iniciativa, enfatizando que "el peso de la ley debe caer sobre las personas que cometieron los actos". Ahora, con el auto en mano, esta ofensiva parece un error garrafal: la jueza no ve agresión, sino un altercado derivado del ejercicio periodístico, y descarta acoso continuo pese a denuncias previas de Santaolalla.

La delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, completó el panorama al afirmar que Santaolalla "acabó en el hospital" por "asedio fascista", condenando la "escalada de violencia" y expresando "mi máxima condena y toda mi solidaridad".

Esta precipitación ha expuesto al Gobierno y al PSOE a un ridículo mayúsculo. La magistrada no solo deniega la orden, sino que subraya la falta de pruebas: Santaolalla no aportó vídeos de la supuesta agresión, no demostró tratamiento psicológico ni cambios en su vida, y ambos intercambian críticas en redes sin que configure acoso unilateral. Quiles, por su parte, ha demandado civilmente a Santaolalla por 250.000 euros por injurias y daños al honor, y su vídeo ha sido clave para desmontar la narrativa.