Se cumplen dos años de la humillación del Estado de Derecho por la Ley de Amnistía

Se cumplen dos años de uno de los episodios más controvertidos de la legislatura. El 7 de marzo de 2024, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó el dictamen de la Ley de Amnistía tras el acuerdo entre PSOE, Junts y ERC, con el rechazo frontal de PP y Vox. Aquella votación cerraba semanas de negociación contrarreloj.

El dictamen fue mucho más que un trámite técnico. La amnistía formaba parte del armazón político que permitió a Pedro Sánchez articular la mayoría de investidura tras las elecciones de 2023. Con el PSOE en minoría, el pacto con Junts y ERC se convirtió en condición determinante para asegurar apoyos parlamentarios estables y sostener la gobernabilidad durante la legislatura, marcando desde el inicio el rumbo político del mandato: pide y te doy. Todo por aferrarse a la Moncloa.

La norma respondía además al ciclo abierto por el desafío independentista catalán. Varios líderes políticos e institucionales fueron condenados por su papel en el proceso soberanista de 2017, especialmente por la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre y la posterior declaración unilateral de independencia. El Tribunal Supremo dictó sentencias por delitos como sedición y malversación, que después serían objeto de revisiones legislativas y de un intenso debate jurídico y político.

Desde su tramitación, la amnistía se convirtió en eje central del enfrentamiento político. El Gobierno la defendió como un instrumento para cerrar la crisis catalana y avanzar hacia la normalización institucional; la oposición la denunció como una cesión al independentismo que tensionaba los principios del Estado de derecho y respondía a la aritmética parlamentaria surgida tras las elecciones.

Dos años después, el balance sigue abierto. La controversia jurídica continúa en los tribunales y el debate político no ha perdido intensidad. Para el Ejecutivo, la medida contribuyó a rebajar la tensión territorial y estabilizar la legislatura; para sus detractores, consolidó una fractura política duradera y dejó una huella difícil de revertir en el debate público.

La efeméride llega además en un momento de desgaste gubernamental en varios frentes, lo que refuerza su dimensión simbólica. El 7 de marzo permanece como un punto de inflexión: para unos, el inicio de una etapa de normalización; para otros, el día en que la política cruzó una línea de demolición del Estado de Derecho que aún sigue marcando la legislatura.