Golpe del Constitucional a Puigdemont: seguirá huido y sin fecha de regreso a España

El Tribunal Constitucional ha cerrado, al menos por ahora, la puerta al regreso de Carles Puigdemont. El órgano de garantías ha rechazado suspender la orden nacional de detención dictada por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, obligando al expresidente catalán a continuar fuera de España si no quiere acabar ante un juez.

Puigdemont había solicitado al Constitucional -que es de mayoría afín a Sánchez- una medida cautelar mientras se resuelve su recurso de amparo, en el que reclama que se le aplique la ley de amnistía también al delito de malversación por el uso de fondos públicos durante el proceso independentista. El tribunal, sin embargo, no ha comprado su argumento y ha optado por mantener intacta la orden de arresto. La decisión afecta igualmente a los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig, cuyas peticiones han corrido la misma suerte. Los tres deberán seguir en el limbo judicial, pendientes de una resolución de fondo que puede demorarse meses, sin garantías de poder pisar territorio español sin ser detenidos.

El Constitucional ha avalado la ponencia de la magistrada Laura Díez Bueso por una amplia mayoría: diez votos a favor y uno en contra. El único magistrado que se ha desmarcado ha sido Ramón Sáez, mientras que María Luisa Balaguer no ha participado en la deliberación. Un respaldo contundente que refuerza la tesis de que, pese al ruido político, el Constitucional no está dispuesto a levantar cautelarmente una orden dictada por el Supremo. En línea con el criterio del fiscal jefe ante el TC, Pedro Crespo, la ponencia subraya que existen razones de interés general para mantener la orden de detención. La resolución recuerda además que esta medida se acordó tras la negativa de Puigdemont a comparecer voluntariamente ante el juez instructor del procés, un detalle clave que desmonta el relato victimista del expresidente.

Resulta especialmente llamativo el silencio de la Abogacía del Estado, que actúa como representante legal del Gobierno y que ha optado por no presentar alegaciones a favor de la suspensión solicitada por Puigdemont. Un mutismo que deja en evidencia la incomodidad del Gobierno de Pedro Sánchez, atrapado entre sus socios independentistas y el respeto, al menos formal, a las decisiones judiciales. En definitiva, nuevo revés para Puigdemont y recordatorio incómodo de que, más allá de la propaganda y las promesas políticas, la amnistía no borra automáticamente las causas abiertas ni convierte al expresidente en un ciudadano libre para volver cuando quiera. De momento, el líder de Junts seguirá donde está: fuera de España y pendiente de los tribunales