Novedades caso Forestalia: el juez del caso celebrará este viernes vista de medidas cautelares

El juez Juan José Cortés Hidalgo, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Teruel, ha convocado para este viernes 13 de marzo, a las 9.30 horas, una vista de medidas cautelares en la causa que investiga presuntas irregularidades en la tramitación de proyectos de energía renovable vinculados a Forestalia, en especial el polémico Clúster del Maestrazgo.

La vista se celebra tras el informe técnico elaborado por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (UCOMA), que ha alertado al juzgado de posibles daños medioambientales graves o irreversibles en la zona si prosiguen los proyectos sin paralización cautelar. 

El magistrado quiere escuchar a todas las partes, incluido el Ministerio Fiscal y las empresas afectadas, antes de decidir si procede adoptar alguna medida provisional.

Investigación "Perserte"

La investigación, denominada “Perserte”, se ha centrado en la posible manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y en la tramitación de autorizaciones para numerosos parques eólicos y solares en la provincia de Teruel. 

Al menos 52 proyectos estarían siendo revisados por la Guardia Civil dentro de esta causa, que ya ha supuesto seis detenciones, entre ellas la de un ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica y el dueño de Forestalia, Fernando Samper, aunque este último quedó en libertad pocas horas después.

Según las fuentes policiales, la UCOMA sospecha que el ex subdirector general de Evaluación Ambiental del ministerio, Eugenio Domínguez, presuntamente favoreció irregularmente a Forestalia al emitir autorizaciones ambientales positivas sin cumplir con todos los requisitos legales y pudo haber recibido pagos a cambio, incluidos unos 5,2 millones de euros a través de sociedades interpuestas.

Además, el informe pericial de la Guardia Civil apunta a que declaraciones ambientales favorables emitidas para algunas plantas solares del Clúster, como Masía I y II en Puertomingalvo, son técnicamente incorrectas y que su ejecución podría causar daños sustanciales al medio ambiente.

La causa también examina la posible prohibición o suspensión penal de los proyectos eólicos si se confirman indicios de delitos como prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales o pertenencia a organización criminal. 

El fiscal de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Teruel ha señalado que el Código Penal contempla mecanismos para detener cautelarmente obras vinculadas a hechos delictivos.