Los contratos con la empresa de Aldama fuerzan a Armengol y Torres a dar explicaciones en el Supremo el 22 de abril

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparecerán el próximo 22 de abril ante el Tribunal Supremo como testigos en el juicio por la presunta trama de contratos de mascarillas durante la pandemia.

Ambos fueron presidentes autonómicos durante la crisis sanitaria —Armengol en Baleares y Torres en Canarias—, administraciones que adjudicaron contratos de material sanitario a empresas vinculadas a la red investigada. Su comparecencia busca esclarecer el papel que pudieron tener sus gobiernos en las adjudicaciones realizadas durante los primeros meses de la emergencia sanitaria.

La figura de Armengol aparece en el centro de la investigación por un contrato valorado en 3,7 millones de euros destinado a la adquisición de mascarillas FFP2 que finalmente no cumplían con esas especificaciones y resultaron ser mascarillas quirúrgicas de menor calidad. Pese a que el material no se ajustaba a lo contratado, la administración autonómica tardó casi tres años en iniciar la reclamación para recuperar el dinero, y lo hizo cuando el cambio de gobierno tras las elecciones ya parecía inminente.

A esto se suma que Koldo García habría reconocido haber contactado con el entorno de la entonces presidenta balear para ofrecer los servicios de la empresa ahora investigada.

En paralelo, el actual ministro Ángel Víctor Torres también se encuentra bajo escrutinio por la adjudicación de contratos que alcanzaron aproximadamente los 12 millones de euros a compañías vinculadas a la misma trama.

Informes de la Guardia Civil apuntan a que Torres pudo haber mantenido comunicaciones directas con intermediarios del entramado, entre ellos Víctor de Aldama, supuestamente para facilitar pagos o coordinar la llegada de material sanitario. El ministro niega haber recibido instrucciones para contratar con empresas concretas, aunque los mensajes examinados por la Unidad Central Operativa (UCO) reflejarían una relación fluida entre miembros de la trama y responsables de su administración en aquel momento.

Contratos bajo la lupa en plena investigación

La comparecencia de ambos dirigentes pretende aclarar si existieron favoritismos, presiones políticas o fallos en los mecanismos de control durante las contrataciones de emergencia. Desde la oposición se sostiene que pudo haber una colaboración implícita con la red para favorecer a una empresa cercana al exministro José Luis Ábalos.

Sin embargo, tanto Torres como Armengol insisten en que las decisiones se tomaron en pleno contexto de urgencia sanitaria y basándose en los criterios técnicos de los servicios de salud correspondientes.

El juicio comenzará el 7 de abril y se prolongará hasta el 30 de abril, con 13 sesiones y la declaración de más de 75 testigos. El momento central del proceso llegará el 28 de abril, cuando el Supremo interrogará como acusados a Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, integración en organización criminal, falsedad y prevaricación.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Aldama, quien ha reconocido la acusación. El procedimiento ha sido declarado prioritario por el alto tribunal al tratarse de una causa con acusados en prisión provisional desde noviembre por riesgo de fuga.