Malas noticias para Ábalos: el Congreso reitera el "no" a su indemnización tras dejar su escaño

La Mesa del Congreso ha recordado que Ábalos estaba suspendido de sus derechos por el caso Koldo y que la indemnización no es compatible con la pensión de jubilación que pretende cobrar.

(Foto de ARCHIVO) El diputado José Luis Ábalos, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 22 de octubre de 2025, en Madrid (España). Eduardo Parra / Europa Press Europa Press

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La Mesa del Congreso ha confirmado que José Luis Ábalos, exministro y exdiputado socialista, no recibirá la indemnización por dejar su escaño, al argumentar que en el momento de solicitarla estaba suspendido de sus derechos tras ingresar en prisión por el ‘caso Koldo’ y que, además, no puede compatibilizarse con la pensión de jubilación que ha anunciado que va a cobrar.

La decisión de la Mesa del Congreso ha llegado como respuesta al escrito presentado por Ábalos el pasado 19 de febrero, en el que reclamaba la reconsideración de la negativa inicial a abonarle la indemnización tras su renuncia al acta de diputado, asegurando que se había vulnerado de forma “flagrante” sus derechos pasivos como parlamentario sin justificación ni respaldo legal.

Sin embargo, los servicios jurídicos de la Cámara han recordado que en el momento en que Ábalos renunció estaba oficialmente suspendido de todos sus derechos como diputado, incluido el de percibir prestaciones por haber ingresado en prisión preventiva en el marco de la investigación del ‘caso Koldo’, algo que, según la Mesa, impide que pueda recuperar unos derechos que no existían en ese momento para hacer la solicitud.

El informe jurídico resalta también que la indemnización por cese tiene como finalidad facilitar la reincorporación laboral de los parlamentarios que carecen de protección por desempleo, y que por tanto es incompatible con la percepción de cualquier otro ingreso, incluida una pensión de jubilación. 

Ábalos ha cumplido ya los requisitos para acogerse a la jubilación y ha anunciado públicamente su intención de hacerlo, lo que refuerza el argumento de la Mesa de que la prestación no procede. 

Esta nueva negativa abre ahora la puerta a que el exdiputado pueda recurrir ante el Tribunal Constitucional en busca de amparo, tras verse excluido de una prestación que en otros casos para otros parlamentarios sí se ha reconocido.

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Está previsto que el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia se celebre en el Tribunal Supremo en abril de 2026, en medio de un proceso penal que ha mantenido en prisión tanto a él como a su exasesor Koldo García.