Marlaska pone escolta policial a Sarah Santaolalla mientras miles de víctimas reales esperan protección

La decisión del Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska de asignar escolta policial a la tertuliana sanchista Sarah Santaolalla ha desatado una fuerte polémica. La medida ha provocado críticas por lo que muchos consideran un uso discutible de los recursos de la Policía Nacional, especialmente en un contexto en el que miles de ciudadanos o mujeres denuncian amenazas o violencia y siguen esperando protección efectiva.

La controversia surge además después de que la justicia rechazara conceder medidas cautelares en el caso que enfrentó a Sarah Santaolalla con el comunicador Vito Quiles en el que no apreció amenaza. El enfrentamiento entre ambos se produjo durante un episodio tenso frente al Senado en el que participaron también varios cargos socialistas. Tras el incidente, Santaolalla acudió al Hospital Universitario Carlos III para obtener un parte médico que posteriormente incorporó a una denuncia contra Vito Quiles. En dicha denuncia solicitó una orden de alejamiento. Sin embargo, la titular del juzgado número 23 de Madrid rechazó la petición. Según el auto judicial, no existían indicios suficientes para considerar que su vida estuviera en riesgo y además los vídeos aportados no permitían determinar con claridad que se hubiera producido una agresión.

A pesar de la negativa judicial a establecer medidas de protección, Sarah Santaolalla abandonó la sede judicial acompañada por dos agentes de la Policía Nacional vestidos de paisano. Uno de ellos incluso se subió al taxi con el que se desplazó hasta la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, donde se reunió con el inspector responsable del área de escoltas. Según diversas informaciones, los agentes asignados proceden del área encargada de testigos protegidos, un departamento especializado que normalmente se reserva para casos de especial gravedad o riesgo. En ese encuentro se habría concretado el dispositivo de protección que acompañara a la tertuliana sanchista en su actividad diaria. Una decisión en la que ven la mano del ministro Marlaska detrás.

La medida ha provocado un fuerte debate sobre las prioridades del Ministerio del Interior de Marlaska. Diversos críticos cuestionan que se destinen agentes especializados a proteger a una figura mediática del sanchismo tras un incidente cuya gravedad ha sido cuestionada por un juez y que muchos ven una performance de Sarah Santaolalla jaleada por el PSOE y el sanchismo para victimizarla, mientras que numerosas víctimas de amenazas o violencia siguen denunciando retrasos o falta de protección efectiva. El contraste ha alimentado la polémica política y ha colocado nuevamente bajo el foco al ministro Marlaska, cuya gestión de los recursos de la Policía Nacional ha sido objeto de críticas en otras ocasiones.