Europa pisa el acelerador de la vivienda: más construcción, menos burocracia y defensa de la propiedad

El Parlamento Europeo ha dado luz verde a un informe sobre la crisis de la vivienda en Europa que plantea una serie de medidas para aumentar la oferta de viviendas, reducir la burocracia en la construcción y facilitar el acceso a los jóvenes. El documento, liderado por el eurodiputado del Partido Popular Borja Giménez Larraz, marca lo que desde el PP consideran “la primera piedra de una política europea de vivienda”.

La iniciativa fue aprobada en el pleno celebrado en Estrasburgo y cuenta con un amplio respaldo en la Eurocámara. Según sus promotores, la vivienda es una cuestión clave para el futuro de Europa, ya que constituye la base de la vida familiar y del desarrollo social.

El informe parte de un diagnóstico claro sobre la situación del mercado inmobiliario europeo. Entre 2010 y 2025, el precio de la vivienda en la Unión Europea ha aumentado un 61 %, mientras que los alquileres han subido cerca de un 30 %. Estas cifras han dificultado especialmente la emancipación de los jóvenes y el acceso a la vivienda para muchas familias.

Según estimaciones de la Comisión Europea recogidas en el documento, en la próxima década Europa necesitará construir unas 650.000 viviendas adicionales al año, además de las que ya se levantan actualmente. De no aumentar la oferta, advierte el informe, los precios seguirán al alza y el acceso a la vivienda continuará deteriorándose.

Cinco pilares para abordar la crisis

El informe se estructura en torno a cinco pilares: el respeto al principio de subsidiariedad —que reconoce que las competencias en vivienda corresponden principalmente a los gobiernos nacionales, regionales y locales—, el aumento de la oferta de viviendas, la mejora de la financiación e inversión, el apoyo a los colectivos más vulnerables y la necesidad de contar con datos fiables sobre el mercado inmobiliario.

En cuanto al aumento de la oferta, el documento insiste en la necesidad de construir y renovar más viviendas para aliviar la presión sobre los precios. En este sentido, el Partido Popular recuerda que ha planteado iniciativas como una ley del suelo y una ley de vivienda orientadas a incrementar la disponibilidad de vivienda y abaratar los costes.

Licencias en 60 días

Uno de los aspectos centrales del informe es la simplificación administrativa para impulsar la construcción. El Parlamento Europeo propone un paquete de medidas para reducir la burocracia, digitalizar procedimientos y acelerar los permisos de construcción con el objetivo de que las licencias puedan concederse en un plazo máximo de 60 días.

La Eurocámara también plantea movilizar suelo público y reutilizar terrenos industriales abandonados para destinarlos a nuevos proyectos residenciales.

Otro de los puntos abordados es el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas. El informe condena esta práctica y pide a los gobiernos nacionales que refuercen la defensa del derecho a la propiedad privada, garantizando mecanismos efectivos como los desalojos.

En materia de financiación, el texto señala que la inversión pública por sí sola no será suficiente para resolver la crisis, por lo que propone atraer capital privado. Entre las medidas planteadas se incluye revisar la directiva del IVA para permitir tipos superreducidos en la construcción, renovación y alquiler de vivienda, así como reforzar el papel del Banco Europeo de Inversiones.

Finalmente, el informe propone la creación de un Plan de Acción Europeo para las Familias, con medidas dirigidas especialmente a jóvenes que buscan comprar su primera vivienda y a familias con dificultades para afrontar el pago del alquiler. También plantea aumentar la vivienda para estudiantes, facilitar la movilidad dentro de la UE y reforzar las políticas contra el sinhogarismo.

El documento concluye subrayando la importancia de mejorar la recopilación de datos sobre vivienda en Europa. Para ello, pide a Eurostat que amplíe sus estadísticas y plantea la creación de una plataforma europea que permita evaluar las políticas públicas basadas en evidencia.