doble moral
Sánchez riega de millones a Senegal mientras aprueba 10 años de cárcel a los gays
El Gobierno de España destina 12 millones a un país que persigue a los homosexuales mientras calla y no corta el grifo y en España pretende dar lecciones de igualdad y de lucha por los derechos LGTBI.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la primera Cumbre Internacional contra el Odio
La política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a colocarse en el centro de la polémica por una contradicción difícil de explicar: mientras el Ejecutivo presume constantemente de su defensa de los derechos LGTBI, España continúa destinando millones de euros en cooperación a países donde la homosexualidad se castiga con penas de cárcel. El caso más llamativo es el de Senegal, que acaba de endurecer su legislación contra los homosexuales con penas que pueden llegar hasta los 10 años de prisión por lo que la ley denomina “actos contra natura”. Todo ello mientras España mantiene programas de cooperación millonarios con ese país.
El Gobierno de Sánchez ha destinado unos 12 millones de euros en ayudas de cooperación a Senegal para distintos programas institucionales, entre ellos proyectos relacionados con su administración pública, incluido el registro civil. Se trata de fondos que salen del presupuesto público español con el objetivo de fortalecer instituciones y estructuras administrativas en el país africano. Sin embargo, la paradoja es evidente: mientras España financia programas institucionales en Senegal, el propio país africano endurece su legislación contra el colectivo LGTBI.
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La nueva legislación en Senegal contempla penas de hasta una década de prisión para quienes mantengan relaciones homosexuales. La norma se enmarca dentro de una política cada vez más dura contra el colectivo LGTBI, generando una situación de miedo entre activistas y ciudadanos. Diversas voces dentro del país aseguran que el clima se ha vuelto irrespirable. Algunos testimonios hablan directamente de pánico ante la posibilidad de ser denunciados. “Basta con la mínima denuncia para que te señalen y vengan a por ti”, denuncian activistas locales. Ante este escenario, muchas personas LGTBI están optando por esconderse o incluso abandonar el país. Pero ante esto, el Gobierno de Sánchez calla y no corta el grifo de millones.
El contraste ha provocado una oleada de críticas en redes sociales, donde muchos usuarios han señalado la aparente incoherencia entre el discurso del Gobierno de Sánchez y su política exterior. Algunos comentarios ironizan con la ausencia de ciertos activistas habituales en este tipo de debates. Entre las reacciones más compartidas se encuentran mensajes como: “Oportunidad de oro para Irene Montero o Eduardo Casanova de ir a Senegal a defender a los homosexuales… pero parece que no van a ir”, “no sé a qué esperan las feministas y activistas para plantarse allí” o “mucho activismo aquí, pero silencio cuando ocurre fuera”. España se presenta internacionalmente como uno de los países más avanzados en derechos LGTBI, sin embargo, al mismo tiempo mantiene programas de cooperación económica con países donde esos mismos derechos se castigan con cárcel. Una contradicción que para muchos refleja el clásico doble rasero de la izquierda.
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