Ángel Víctor Torres intenta evitar la vergüenza de verse declarando ante el juez por comprarle mascarillas a Aldama

Un ministro del Gobierno sentado ante un juez del Tribunal Supremo de España declarando, aunque sea como testigo, por un escándalo como el que rodea al 'caso Koldo' es desde luego una imagen políticamente explosiva y de las que se quiere evitar a toda costa. La llamada 'foto del telediario'. Y precisamente esa escena es la que Ángel Víctor Torres intenta eludir a toda costa.

El actual titular de Política Territorial ha solicitado al alto tribunal que le permita declarar por escrito como testigo en el procedimiento que investiga las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia a la empresa 'Soluciones de Gestión', en un caso en el que están implicados el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Un Aldama que por cierto también ha amenazado con sacar a la luz informaciones y pruebas relacionadas con el expresidete canario.

La petición figura en un escrito remitido a la Sala de lo Penal del Supremo. En él, Torres solicita que se le envíe el “oportuno pliego de preguntas” para responderlas por escrito y remitirlas posteriormente al tribunal conforme al procedimiento legal. La estrategia tiene un objetivo evidente: evitar la comparecencia presencial que lo colocaría ante el juez en plena investigación sobre contratos de mascarillas durante la pandemia, una situación con alto coste político y mediático.

Para sustentar su solicitud, el ministro se apoya en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que contempla excepciones a la obligación de declarar presencialmente. En su escrito recuerda que la norma incluye entre las personas que pueden acogerse a esta fórmula a los presidentes de comunidades autónomas, cargo que él ocupó en Canarias entre 2019 y 2023. Precisamente ocupando ese puesto fue cuando firmó los acuerdos con Aldama y compañía

Torres añade además que la ley también exime a los miembros del Gobierno de tener que comparecer físicamente ante el tribunal para prestar declaración. El ministro sostiene igualmente que, según lo que se conoce públicamente de la causa, los hechos investigados se sitúan en el periodo en el que presidía el Ejecutivo canario y en cuestiones de las que habría tenido conocimiento “por razón del cargo”.

Armengol también tiene que declarar

Cabe recordar que el Tribunal Supremo tiene previsto escuchar como testigos tanto a Torres como a la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, el próximo 22 de abril. La decisión final sobre si el ministro puede evitar esa comparecencia presencial (y con ella la incómoda imagen de un miembro del Gobierno declarando ante el juez) queda ahora en manos del alto tribunal. De momento, Torres ya ha movido ficha para intentar esquivar ese vergonzoso escenario.