El sectarismo del Gobierno intenta colar hoy en el Congreso la “Ley Santaolalla”
El PSOE defiende en la Cámara Baja una iniciativa “en defensa de la libertad de expresión” centrada en comunicadores de izquierdas, lo que reabre el debate sobre si se protege un derecho o se marca trinchera ideológica
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Sarah Santaolalla
El PSOE defenderá este martes en el Pleno del Congreso una proposición no de ley presentada como una iniciativa “en defensa de la libertad de expresión y condenando los acosos a comunicadores de izquierdas”. El planteamiento, tal y como figura en el texto, ha encendido el debate político por lo que muchos interpretan como un enfoque claramente sesgado.
La iniciativa cita expresamente casos como los de la tertuliana Sarah Santaolalla, el humorista Héctor de Miguel —conocido como Quequé— o la periodista Elena Reinés, y denuncia los “fenómenos recientes de intimidación, producidos principalmente en las redes sociales”. También sostiene que “las fuerzas ultras han puesto en la diana a las televisiones públicas europeas” y alerta de amenazas para asfixiar económicamente a los medios públicos o someterlos al control político.
El descadado sesgo del sanchismo
El problema no está tanto en la condena del acoso —que forma parte del consenso democrático básico— como en el hecho de que el propio texto delimite el foco a comunicadores de un determinado signo ideológico: el del Ejecutivo. Esa formulación ha sido leída por la oposición y por parte del sector mediático como una prueba del carácter selectivo con el que el Gobierno aborda la defensa de la libertad de expresión.
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El debate se intensifica además en un contexto en el que el Ejecutivo impulsa nuevas herramientas de control del discurso público, como la reciente presentación de la plataforma HODIO para monitorizar la llamada “huella del odio” en redes sociales. Estas iniciativas dibujan un marco en el que la defensa del pluralismo convive con una creciente tentación regulatoria.
En el trasfondo aparece una cuestión de fondo: si la libertad de expresión debe protegerse como un derecho universal dentro de los límites legales o si su defensa se articula en función de afinidades políticas. La votación de hoy en el Congreso no solo medirá apoyos parlamentarios, sino también hasta qué punto la mayoría gubernamental está dispuesta a sostener una iniciativa que muchos ya han bautizado como la “Ley Santaolalla”.