Mónica García niega el aborto en Melilla y contrata clínicas en Málaga para ello

El Ministerio de Sanidad ha optado por externalizar la práctica de abortos de mujeres residentes en Melilla en lugar de garantizar este servicio en la sanidad pública. El departamento dirigido por Mónica García ha adjudicado dos contratos a una clínica privada de Málaga por un importe total que supera los 100.000 euros, consolidando así un modelo basado en derivaciones fuera del territorio.

En concreto, uno de los contratos, valorado en 86.156,16 euros, cubre interrupciones voluntarias del embarazo hasta la semana 14 de gestación. El segundo, con una dotación de 18.806,54 euros, se destina a los procedimientos realizados a partir de ese momento. Ambos acuerdos han sido formalizados a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), organismo dependiente del propio Ministerio.

La consecuencia directa de esta decisión es que las mujeres de Melilla deben desplazarse hasta Málaga, generalmente en avión, para poder ejercer un derecho reconocido por ley. Una situación que contrasta con el caso de Ceuta, donde el propio Ministerio ha destacado recientemente que ya se realizan abortos en centros públicos.

Lejos de corregir esta desigualdad, Sanidad prolonga el problema. Los contratos tendrán vigencia hasta febrero de 2028, lo que implica que el actual modelo se mantendrá al menos durante los próximos dos años. De este modo, la ministra dejará previsiblemente el cargo sin haber garantizado el acceso a esta prestación dentro del sistema público en Melilla.

La decisión evidencia las dificultades, o la falta de voluntad, del Ministerio para resolver una anomalía que se arrastra desde hace años. En ambas ciudades autónomas, la totalidad de los profesionales sanitarios se han declarado objetores de conciencia, lo que ha impedido hasta ahora la práctica de abortos en hospitales públicos. Sin embargo, mientras en Ceuta se han producido avances, en Melilla no hay cambios ni previsión de que los haya a corto plazo.

La paradoja se agrava al comprobar que el propio Ministerio exige a otras comunidades autónomas medidas para garantizar este derecho en la sanidad pública. Es el caso de Madrid, donde se ha presionado para la creación de un registro de objetores, mientras el departamento de García no logra aplicar soluciones en un territorio que depende directamente de su gestión.

Melilla, junto a Ceuta, es la única región cuya sanidad está controlada íntegramente por el Estado. Pese a ello, las mujeres melillenses siguen sin poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en su entorno más cercano. La falta de recursos propios y la ausencia de alternativas públicas obligan a recurrir sistemáticamente a clínicas privadas de la península.

Esta situación no solo implica un desplazamiento de cientos de kilómetros, sino que introduce un evidente problema de equidad territorial. El acceso efectivo a un derecho queda condicionado, en la práctica, por el lugar de residencia, mientras el Ministerio continúa destinando fondos públicos a soluciones externas en lugar de corregir el déficit estructural.