Tras el rastro del dinero del caso Koldo: sospechas de desvío de fondos a través de constructoras como Ferrovial o Acciona

El caso Koldo da un nuevo giro que refuerza las sospechas sobre una compleja red de intereses en torno a contratos públicos. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha puesto el foco en el posible uso de terceras empresas (algunas de gran peso en el sector de la construcción como Ferrovial y Acciona) para canalizar fondos que podrían haber terminado en los bolsillos de los investigados.

La investigación, impulsada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, ha llevado al magistrado a solicitar información a más de una treintena de entidades bancarias. El objetivo: rastrear movimientos sospechosos en cuentas vinculadas a varias sociedades que participaron en adjudicaciones bajo sospecha.

Entre las empresas señaladas figuran Aquaterra Servicios Infraestructuras, Ferrovial Construcción, Tecade y Freyssinet. Según el juez, todas ellas aparecen en distintos proyectos investigados y podrían haber sido utilizadas como vehículos para desviar fondos mediante fórmulas aparentemente legales como las uniones temporales de empresas (UTE). El auto judicial es claro en sus sospechas: el objetivo de la trama habría sido obtener un beneficio económico a través de la adjudicación de contratos públicos, utilizando estas estructuras empresariales para ocultar el destino final del dinero.

La investigación se centra en una pieza separada en la que hay catorce personas imputadas por presuntas mordidas, entre ellas figuras políticas de primer nivel como el exministro José Luis Ábalos y el exdirigente socialista Santos Cerdán, lo que vuelve a situar al entorno del PSOE en el epicentro del escándalo.

Uno de los puntos clave del caso son las relaciones económicas detectadas entre Acciona Construcción y la empresa navarra Servinabar. Según la Fiscalía, más del 75% de los ingresos de esta última procedían de transferencias vinculadas directa o indirectamente a Acciona, lo que refuerza la hipótesis de una posible red de pagos cruzados.

Además, se han detectado operaciones sospechosas concretas. Entre ellas, una transferencia de 25.440 euros desde Aquaterra a una cuenta vinculada a Javier Herrero, exdirector general de Carreteras e investigado en la causa. Posteriormente, parte de ese dinero fue movido a otra cuenta personal, lo que ha levantado aún más alertas.

Las adjudicaciones bajo sospecha afectan a proyectos relevantes, como un tramo de la autovía A-68 en La Rioja, el Puente Centenario de Sevilla, el soterramiento ferroviario de Murcia o el corredor de alta velocidad Murcia-Almería. Todos ellos comparten un denominador común: la participación de Acciona en UTE con otras empresas.

Informe de Acciona a la Fiscalía

Por su parte, Acciona ha remitido a la Fiscalía un informe interno en el que asegura que, en general, los servicios prestados por Servinabar estaban debidamente justificados y formalizados. Sin embargo, reconoce dos casos concretos en los que no ha podido acreditar la efectiva prestación de los servicios facturados.

En esos episodios —relativos a proyectos en Sant Feliú y Logroño— la propia compañía admite que el procedimiento utilizado habría sido lo suficientemente sofisticado como para resultar “indetectable”, lo que añade más incertidumbre sobre el alcance real de la trama.

Acciona también subraya que su investigación ha sido limitada y que no tiene capacidad para determinar si empleados o exempleados pudieron beneficiarse económicamente de estas operaciones. Asimismo, insiste en que, en todo caso, el dinero comprometido sería propio de la empresa y no fondos públicos.

Mientras tanto, la investigación judicial sigue avanzando y ampliando su alcance. El rastreo de cuentas bancarias y relaciones empresariales apunta a un entramado cada vez más complejo que podría destapar nuevas ramificaciones de uno de los casos más sensibles para el entorno político del Gobierno.