Hacienda detecta sospechosas modificaciones millonarias en obras adjudicadas cuando Pardo de Vera dirigía Adif

El caso Koldo sigue ampliando su alcance y ahora un informe interno del propio Estado añade nuevas dudas sobre contratos públicos adjudicados en los últimos años. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha trasladado al juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa, Leopoldo Puente, un análisis detallado de once contratos de Adif y de la Dirección General de Carreteras en el que apunta a posibles irregularidades.

El documento examina cinco contratos vinculados a Adif y seis de Carreteras, después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara esta revisión. Cabe recordar que entre las personas investigadas por el magistrado Ismael Moreno en esta causa figuran la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirector general de Carreteras Javier Herrero.

Los interventores del Estado identifican varios elementos que se repiten en diferentes expedientes: adjudicaciones decididas en gran medida por criterios subjetivos, modificaciones de obra que incrementan el coste final y decisiones administrativas que, según los técnicos, resultan difíciles de justificar.

Modificaciones de obra al límite del 20%

Uno de los aspectos que más destaca el informe es la reiteración de modificaciones contractuales que incrementan el precio de las obras en porcentajes muy cercanos al 20%, un límite especialmente relevante dentro de la normativa de contratación pública.

En tres de los contratos de Adif analizados (adjudicados a Acciona, en solitario o en unión temporal con Ferrovial) los técnicos detectan características similares. Según el documento, las adjudicaciones se decidieron principalmente mediante criterios basados en juicios de valor. Además, antes incluso de iniciarse las obras aparecieron defectos en los proyectos que obligaron a tramitar modificaciones. Esos cambios implicaron aumentos de precio “ligeramente por debajo del 20%” del importe inicial.

Para los técnicos de Hacienda, estas modificaciones incumplen la normativa aplicable y generan dudas sobre el origen de los problemas detectados en los proyectos. Uno de los contratos analizados corresponde al soterramiento de la red ferroviaria de Murcia. En esa licitación participaron diez empresas y los criterios de adjudicación otorgaban 40 puntos a valoraciones subjetivas y 60 a criterios objetivos basados en fórmulas.

La UTE en la que participaba Acciona obtuvo 36,17 puntos en el apartado de juicios de valor. Esa puntuación le dio una ventaja de 3,04 puntos respecto al segundo clasificado y de al menos 5,83 frente al resto de licitadores. Según el informe, salvo el segundo candidato, el resto de ofertas prácticamente no tenía opciones de lograr el contrato debido a la diferencia generada por ese criterio subjetivo.

Otro de los proyectos analizados es el soterramiento de Estación y Barriomar, también en Murcia. En este caso se presentaron doce ofertas y la adjudicación volvió a recaer en una UTE formada por Acciona y Ferrovial Construcción. La IGAE señala que la adjudicación volvió a decidirse principalmente por los juicios de valor, con una diferencia de 5,88 puntos respecto al segundo mejor valorado en ese apartado.

Sin embargo, lo que más llama la atención de los técnicos es la forma en que se tramitó el proyecto. Según su análisis, la obra no debió licitarse como un contrato independiente, sino como una modificación de un proyecto ya existente. El informe apunta a que esa decisión pudo tomarse porque, si se hubiera tramitado como modificación del contrato original, el incremento del coste habría superado el 20%. En ese caso habría sido obligatorio solicitar un dictamen del Consejo de Estado. Por ello, los interventores sugieren que la tramitación como proyecto independiente pudo servir para evitar ese requisito.

El tercer contrato de Adif examinado corresponde a la construcción de la plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad entre Murcia y Almería, concretamente en el tramo Pulpí-Vera. Tras la adjudicación, el contratista planteó diversas reservas durante la comprobación del replanteo que obligaron a tramitar una modificación del proyecto. Esa modificación fue aprobada en julio de 2022 y supuso un incremento de 24,15 millones de euros, equivalente al 19,93% del precio inicial.

Los técnicos detectan además cambios significativos en el desglose de las partidas económicas del proyecto. La cercanía entre distintos informes y esas variaciones presupuestarias llevan a los interventores a plantear que el importe de la modificación pudo fijarse previamente para situarse justo por debajo del 20%.

El informe añade que resulta “difícil entender” que la necesidad de modificar contratos se atribuya a circunstancias imprevisibles cuando los problemas derivaban en buena parte de defectos detectados por el propio contratista antes del inicio de las obras.

Dudas también en contratos de la Dirección General de Carreteras

Las dudas de Hacienda también alcanzan a contratos de la Dirección General de Carreteras. De los seis analizados, dos fueron adjudicados a Acciona Construcción en unión temporal con otras empresas.

En ambos casos se produjeron modificaciones que incrementaron el presupuesto cerca del 20%. Entre ellos figura el proyecto de los tirantes del Puente del Centenario de Sevilla, cuyo coste aumentó en 13,5 millones de euros respecto a una adjudicación inicial de 71 millones.

Otro ejemplo es la obra de la autovía A-68 entre Arrúbal y Navarrete, en La Rioja, que tras dos modificaciones vio incrementado su coste en 18,46 millones de euros, un 19,98% más que el presupuesto original. Además, los técnicos de Hacienda detectan problemas en la justificación de algunas puntuaciones otorgadas durante el proceso de adjudicación. En determinados contratos, la valoración realizada por los funcionarios responsables “no figura justificada”.