Anticorrupción pide 173 años de cárcel para Francisco González por el caso Villarejo-BBVA
La Fiscalía reclama también 216 años de prisión para el excomisario Villarejo y multas millonarias para la entidad financiera por los contratos con Cenyt entre 2004 y 2016.
El expresidente del BBVA Francisco González.
La Fiscalía Anticorrupción ha elevado la presión judicial sobre el expresidente de BBVA, Francisco González, al solicitar un total de 173 años de prisión por presuntos delitos de cohecho activo y revelación de secretos en el marco del conocido caso Villarejo. El escrito de acusación, firmado el pasado 12 de marzo por la fiscal Elisa Lamela y al que ha tenido acceso EFE, detalla una supuesta operativa irregular en la contratación de la empresa Cenyt, vinculada al excomisario José Manuel Villarejo, durante más de una década.
El Ministerio Público no se queda ahí: reclama 216 años de cárcel para Villarejo y hasta 243 años para Julio Corrochano, exresponsable de Seguridad de la entidad, en lo que supone la mayor pena solicitada en esta causa. Además, Anticorrupción exige multas a BBVA que ascienden, en conjunto, a 184,3 millones de euros.
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Estos hechos se enmarcan en la reciente decisión de la Audiencia Nacional, que el pasado 20 de febrero ratificó el procesamiento de BBVA y de su expresidente tras rechazar todos los recursos presentados. La investigación apunta a la contratación de empresas del entramado de Villarejo para realizar trabajos presuntamente ilícitos entre 2004 y 2016.
Junto a los principales acusados, también figuran en el procedimiento el socio de Villarejo, Rafael Redondo; el exdirector de los servicios jurídicos del banco, Eduardo Arbizu; y el exresponsable de Riesgos, Antonio Béjar. En contraste, la Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa para el exconsejero delegado Ángel Cano y el exdirector del gabinete de presidencia Joaquín Gortari.
El excomisario José Manuel Villarejo llega a la Audiencia Nacional.
El escrito sostiene que las contrataciones con Cenyt fueron posibles gracias a la autorización directa de la cúpula del banco, en un contexto en el que la entidad carecía de mecanismos eficaces de prevención de delitos en los niveles más altos de dirección. Según Anticorrupción, los procedimientos internos fueron sistemáticamente vulnerados, tanto en la formalización de los servicios como en la tramitación de los pagos.
La Fiscalía subraya además que los empleados implicados aprobaron estas operaciones movidos por una “convicción firme” de que debían acatar las órdenes procedentes de la presidencia, independientemente de su adecuación a la normativa interna.
El exministro de Industria, Miguel Sebastián
Por último, el Ministerio Público solicita que se indemnice con 20.000 euros a cada una de las 43 personas presuntamente espiadas, entre ellas el exministro de Industria Miguel Sebastián y el empresario Juan Abelló. El caso, uno de los mayores escándalos corporativos de los últimos años en España, encara ahora una fase decisiva a la espera de la apertura de juicio oral.