'caso koldo'
El Supremo confirma que el juicio de Ábalos y Aldama no podrá ser retransmitido en directo
Los medios solo podrán acceder a señal institucional durante la vista, prevista del 7 al 30 de abril, para elaborar piezas informativas. Eso sí no estará permitida "la retransmisión íntegra o parcial de la señal ni en directo ni en diferido".
Víctor de Aldama, Jose Luis Ábalos y Koldo García (tapándose con el abrigo) durante la vista preliminar por el 'caso Koldo' en el Supremo.
El esperado juicio por la trama de las mascarillas, más conocida como el 'caso Koldo' (o al menos la parte más extensa) está a la vuelta de la esquina. Quedan solo dos semanas para que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos; su exasesor, Koldo García; y el empresario Víctor de Aldama se sienten en el banquillo acusados de presuntamente haber obtenido un beneficio económico mutuo mediante la contratación pública de empresas captadas por Aldama, aprovechando el cargo de Ábalos en el Gobierno y como secretario de Organización del PSOE. Todo ello con Koldo gestionando cuando era necesario.
Sin embargo, y a pesar de la expectación popular y periodística, el juicio no será retransmitido en directo. Así lo ha confirmado este lunes el Tribunal Supremo que, copiando el método usado en la vista oral del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz (quien acabó siendo inhabilitado), ha rechazado "la retransmisión íntegra o parcial de la señal, ni en directo ni en diferido".
Eso sí, eso no significa que no vaya a haber imágenes. El Alto Tribunal ha señalado que los medios de comunicación contarán con una señal institucional de la vista, que se celebrará entre el 7 y el 30 de abril, y será accesible desde los espacios habilitados a través de distribuidores de audio analógico y vídeo. Señalan que su uso será exclusivamente para la elaboración de piezas informativas, permitiéndose a los medios difundir aquellas partes que consideren oportunas.
España
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Alba Molina López
Penas y acusaciones para los implicados
En el juicio, Ábalos se enfrenta a una solicitud de 24 años de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción, mientras que su exasesor, Koldo, afronta una pena ligeramente inferior, de 19 años y medio. Por su parte, las acusaciones populares, coordinadas por el PP, solicitan 30 años de cárcel para ambos. Sin embargo, Aldama, el tercero de los acusados, se enfrenta a la pena más baja, de solo 7 años de cárcel, gracias a su colaboración con la justicia tras haber confesado el cobro de comisiones.
Ellos serán los últimos en declarar tras más de 80 testigos citados por el Supremo, incluyendo al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, quienes han solicitado hacerlo por escrito.