Caso mascarillas
Koldo intenta frenar que Ineco y Tragsatec actúen como perjudicadas en el juicio de las mascarillas
La defensa del exasesor de Ábalos sostiene que las empresas públicas podrían ser responsables penales por la falta de controles que permitió las presuntas irregularidades en la contratación
El exasesor del exministro Ábalos, Koldo García Izaguirre, durante una entrevista para Europa Press.
El exasesor ministerial Koldo García ha solicitado al Tribunal Supremo que no permita a las empresas públicas Ineco y Tragsatec personarse como perjudicadas en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. En un recurso presentado por su defensa, sostiene que ambas entidades no pueden ejercer la acusación porque, a su juicio, podrían ser investigadas como responsables por los hechos.
La defensa de Koldo García ha presentado un recurso de súplica ante el Tribunal Supremo en el que se opone a que las empresas públicas Ineco y Tragsatec participen en el proceso judicial como perjudicadas en el conocido caso de las mascarillas.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la abogada Leticia de la Hoz sostiene que estas entidades no deberían ejercer acciones como acusación, ya que podrían llegar a ser objeto de investigación penal por su supuesta falta de controles internos.
Según la defensa, las irregularidades investigadas presuponen que dentro de las propias sociedades públicas pudo existir colaboración con los acusados para cometer los presuntos delitos. Por ello, argumenta que no pueden ostentar la condición de perjudicadas.
Incompatibilidad procesal
La letrada considera que permitir a Ineco y Tragsatec actuar como acusación sería incompatible con la posibilidad de que, en el futuro, se dirijan acciones penales contra ellas por los mismos hechos. En ese sentido, recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que las posiciones de acusador y acusado son, en principio, incompatibles dentro de un proceso penal.
El Alto Tribunal ofreció esta semana a ambas empresas la posibilidad de personarse como perjudicadas, una decisión alineada con lo planteado por el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, durante la audiencia preliminar del juicio.
Sin embargo, la defensa de García sostiene que esta decisión contradice el criterio expresado previamente por la Sala, que defendía la necesidad de un “claro y tajante deslinde” entre las partes acusadoras y las acusadas.
La Fiscalía acusa a García y al exministro de Transportes José Luis Ábalos de delitos como pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Por estos hechos solicita 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para su exasesor.
Además, el Ministerio Público reclama que ambos indemnicen de forma conjunta a Ineco con 34.477,86 euros y a Tragsatec con 9.500,54 euros por la contratación de mujeres vinculadas al entorno del exministro. Por su parte, las acusaciones populares elevan la petición de pena hasta los 30 años de cárcel para ambos.