Begoña Gómez se revuelve contra el juez Peinado mientras la causa avanza hacia un jurado popular
La defensa de la esposa del presidente cuestiona la base de la investigación, rechaza la existencia de beneficio económico y acusa al instructor de construir un relato basado en indicios inconexos, mientras el procedimiento por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación, intrusismo y apropiación indebida de marca continúa avanzando entre recursos jurídicos, críticas procesales y un contexto político marcado por la presión mediática en torno al entorno de La Moncloa
Begoña Gómez Fernández, esposa de Pedro Sánchez
La batalla judicial en torno a Begoña Gómez suma un nuevo episodio que confirma que el caso se ha convertido en uno de los escándalos políticos más seguidos del panorama nacional, y mire usted que hay dónde elegir. La esposa del presidente del Gobierno ha reaccionado con contundencia a la decisión del juez Juan Carlos Peinado de orientar de nuevo la causa hacia un juicio con jurado popular, una vía que añade presión mediática y judicial a una investigación que ya se prolonga desde hace dos años.
El recurso presentado por su defensa, encabezada por el exministro del Interior Antonio Camacho, constituye una enmienda a la totalidad del planteamiento del instructor. El escrito sostiene que la investigación se apoya en “conjeturas” y en una interpretación forzada de los hechos, llegando a afirmar que el origen de las pesquisas radica en su condición de esposa de Pedro Sánchez y no en indicios con relevancia penal.
Intento de desmontar al juez
La defensa trata de desmontar uno a uno los elementos que el juez considera indicios de delito, especialmente en relación con el supuesto tráfico de influencias, la corrupción en los negocios, la apropiación indebida de marca, el intrusismo profesional y la malversación de fondos públicos. El núcleo de la argumentación jurídica se centra en negar la existencia de beneficio económico, subrayando que Gómez no percibía retribución por su actividad académica en la Universidad Complutense y que las aportaciones empresariales se destinaban directamente al proyecto universitario.
El instructor sostiene, sin embargo, que la trayectoria profesional de la investigada experimentó un cambio relevante tras la llegada de Sánchez a la presidencia del Gobierno. Una apreciación que la defensa considera “falaz” y carente de contenido material, al entender que conecta hechos inconexos para construir un relato incriminatorio que permita mantener abierta la causa.
El papel de la asesora
La ofensiva jurídica también alcanza a Cristina Álvarez, asesora en Moncloa e igualmente imputada en el procedimiento. Su defensa sostiene que la imputación carece de sentido penal y cuestiona que tareas habituales como coordinar reuniones, gestionar agendas o enviar correos electrónicos puedan considerarse constitutivas de malversación. El recurso llega incluso a comparar la situación con la imputación de un agente por intervenir en un delito, para ilustrar lo que considera una interpretación desproporcionada de sus funciones profesionales.
El procedimiento continúa así su curso en un contexto de elevada exposición pública y política, con el horizonte de una posible prórroga de la instrucción antes de la jubilación del magistrado el próximo mes de septiembre.