cataluña
El PSC y ERC convierten Salou en un campus fake: varios concejales con títulos falsos
La revisión interna de currículos en el Ayuntamiento destapa estudios no acreditados y titulaciones infladas tras una guerra interna en el gobierno municipal, reabriendo el debate político sobre la veracidad de la formación declarada por cargos públicos

El alcalde de Salou, Pere Granados, de Sumem per Salou
En política, pocas cosas resultan tan arriesgadas como exigir transparencia… cuando la lupa termina ampliando el foco más de lo previsto. En Salou, la revisión de un currículum ha terminado convirtiéndose en un examen colectivo que ha dejado una polvareda considerable y que salpica a PSC y ERC.
Si el Ayuntamiento de Salou pretendía dar una lección de ejemplaridad política, el resultado ha terminado pareciéndose más a una jornada de revisión académica improvisada. Lo que comenzó como un intento de desacreditar a una concejal incómoda dentro del propio PSC ha acabado destapando una cadena de currículos con estudios inflados, titulaciones poco claras y formaciones que, tras ser revisadas, han pasado a figurar como “no acreditadas”.
El consistorio, gobernado por PSC y ERC junto al espacio local Sumem per Salou, se ha visto obligado a revisar los perfiles académicos publicados en su propia web después de que la oposición exigiera comprobar la veracidad de los currículos de los 21 concejales. El resultado ha generado un considerable desgaste político al afectar a varios representantes del equipo de gobierno.
Entre los casos más llamativos figura el de Julia Gómez Mesonero (PSC), cuyo perfil pasó de incluir “estudios superiores” a reflejar únicamente estudios secundarios tras la revisión interna. También el currículum de Cristina Berrio (PSC) ha sido objeto de controversia, al presentar formación vinculada a educación infantil que finalmente correspondía a estudios de formación profesional.
Otro de los perfiles señalados es el de Noelia Izquierdo (PSC), en cuyo currículum aparecen cursos que han sido marcados como “no acreditados”, entre ellos una formación relacionada con gestión de ocio y espectáculos. En el caso del concejal Marçal Curto (ERC), el perfil inicial recogía estudios que posteriormente no constaban como finalizados.
La polémica se amplía con otros perfiles que han sido modificados tras la revisión municipal, eliminando referencias a determinadas titulaciones o rebajando el nivel académico inicialmente reflejado. La situación ha provocado un pleno especialmente tenso, en el que la oposición ha denunciado falta de transparencia en la información pública ofrecida a los ciudadanos.
"Errores en la redacción"
Desde VOX en el municipio se ha afirmado que el actual ejecutivo local podría pasar a la historia como uno de los menos claros en materia de información institucional, mientras que desde el equipo de gobierno se ha defendido que las modificaciones responden a actualizaciones administrativas o a errores en la redacción inicial de los perfiles.
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El episodio recuerda inevitablemente al precedente reciente de Noelia Núñez, dirigente del Partido Popular que presentó su dimisión tras conocerse que la información publicada sobre su formación académica no se correspondía con la realidad. A diferencia de aquel caso, en Salou la polémica afecta a varios cargos públicos de forma simultánea, lo que ha amplificado el impacto político del episodio.
La crisis interna pone de manifiesto los riesgos de utilizar los currículos como arma política, especialmente cuando la revisión termina extendiéndose a todo el equipo de gobierno. Lo que inicialmente parecía una maniobra para apartar a una concejal rebelde ha acabado convirtiéndose en un problema de credibilidad institucional que afecta al conjunto del consistorio.
El caso llega además en un momento especialmente sensible para la imagen del municipio, a las puertas de la temporada turística, cuando la estabilidad institucional resulta clave para la proyección económica local. La controversia ha generado dudas sobre el rigor en la información publicada por la administración y sobre los mecanismos de control interno aplicados a los cargos públicos.