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El Gobierno anuncia un observatorio del suicidio días después de permitir y defender el de Noelia

La portavoz Elma Saiz se muestra consternada "por las cifras escalofriantes y la tragedia colectiva" de 11 suicidios al día, pero ignora que la desprotección del Estado empujó a Noelia a la muerte como solución

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Elma Saiz

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Elma SaizCesar Vallejo Rodriguez

Enrique Martínez Olmos

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El Gobierno de Pedro Sánchez tiene una extraña habilidad para moverse entre la solemnidad y la contradicción sin despeinarse. El último ejemplo es el anuncio de la creación de un Observatorio para la Prevención del Suicidio apenas unos días después de uno de los episodios más polémicos y dolorosos que se recuerdan sobre eutanasia o más bien suicidio asistido permitido por el Estado: el caso de Noelia.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha comparecido tras el Consejo de Ministros para subrayar la gravedad del suicidio en España: cerca de 11 al día. “No es sólo un problema sanitario, es un problema social con cifras escalofriantes”, ha afirmado. Hasta ahí, poco que objetar. El suicidio es, efectivamente, una tragedia colectiva que exige políticas públicas serias, recursos y prevención real. El problema llega cuando ese discurso se pone en contexto y muchos recuerdan que hace sólo unos días Noelia se suicidó utilizando los recovecos de la Ley de Eutanasia tras una trágica historia de abandono del Estado que debió protegerla y en cambio la llevó a esa decisión.

Porque mientras el Gobierno de Sánchez habla ahora de prevenir el suicidio, hace apenas unos días se avalaba con cobertura legal y respaldo institucional la eutanasia de Noelia, una joven de 25 años cuya situación ha generado un profundo debate social, incluido el rechazo de gente de izquierdas y a favor de la eutanasia que ve este caso una barbaridad. Noelia no era una paciente terminal. No estaba en una fase irreversible de enfermedad física que la abocara a una muerte inminente. Su historia está marcada por una violación en un centro de menores, un intento de suicidio previo y una depresión traumática que, según muchos, requería protección, tratamiento y acompañamiento por parte del Estado para evitar esta situación, no una salida a la muerte.

Y ahí es donde la contradicción del Gobierno de Sánchez se vuelve imposible de ignorar: ¿Cómo se puede anunciar un plan para evitar suicidios mientras se defiende como derecho un caso que buena parte de la sociedad percibe precisamente como un fracaso del sistema? El mensaje que queda es inquietante. Por un lado, el Estado dice que quiere evitar que la gente se quite la vida. Por otro, en determinados contextos, valida que esa sea la solución enmascarada como eutanasia. La línea entre ambas cosas, suicidio y eutanasia, puede estar jurídicamente definida, pero social y moralmente resulta cada vez más difusa, especialmente en casos como el de Noelia.

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