Ábalos, Koldo y Aldama se sientan en el banquillo por el Caso Mascarillas
El juicio en el Supremo por las presuntas mordidas en contratos de material sanitario durante la pandemia abre una fase clave en el cerco judicial al entorno socialista, con peticiones de cárcel de hasta 24 años y más de 80 testigos citados
Víctor de Aldama, Jose Luis Ábalos y Koldo García (tapándose con el abrigo) durante la vista preliminar por el 'caso Koldo' en el Supremo.
El Tribunal Supremo inicia este martes uno de los procesos judiciales más relevantes derivados de la gestión de la pandemia: el conocido como Caso Mascarillas o Caso Koldo. En el banquillo se sentarán el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, considerados el núcleo de la presunta trama de comisiones ilegales en la adjudicación de contratos de material sanitario en 2020.
La causa, que se prolongará durante 13 sesiones a lo largo del mes de abril, analizará adjudicaciones por valor superior a 36 millones de euros realizadas por Puertos del Estado y Adif a la empresa Soluciones de Gestión. Según el auto del magistrado instructor Leopoldo Puente, existió un presunto “concierto de voluntades” entre los acusados para favorecer a la compañía a cambio de contraprestaciones económicas. El propio Aldama ha reconocido haber percibido 6,6 millones de euros en comisiones, parte de las cuales, sostiene, se habrían repartido con el exministro y su asesor.
Ábalos, siete presuntos delitos
La Fiscalía Anticorrupción atribuye a Ábalos hasta siete delitos, entre ellos organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y prevaricación, solicitando para él una pena de 24 años de prisión, mientras que para Koldo García pide 19 años y medio de cárcel. Las acusaciones populares, dirigidas por el Partido Popular, elevan las peticiones de condena hasta los 30 años de prisión. Para Aldama, considerado el presunto “conseguidor” de la trama, la petición de pena alcanza los siete años tras aplicarse una atenuante de confesión.
Las fechas clave del juicio por el Caso Mascarillas
El procedimiento judicial examinará también presuntos pagos periódicos de 10.000 euros mensuales en efectivo, supuestamente entregados por Aldama al entorno de Koldo García, así como beneficios en especie que habrían favorecido al círculo personal del exministro. Entre los episodios bajo sospecha figura el alquiler de un inmueble en la Torre de Madrid para la entonces pareja de Ábalos, Jessica Rodríguez, con una renta mensual de 2.700 euros presuntamente sufragada por empresarios vinculados a la trama.
La investigación también apunta a contrataciones en empresas públicas como Ineco, Tragsatec o Logirail de personas vinculadas al entorno personal del exministro, sin que existiera actividad laboral efectiva, según la documentación remitida al Supremo. Estos elementos refuerzan la hipótesis de una red de favores que habría extendido su influencia más allá de la compra de material sanitario durante la pandemia.
El calendario de declaraciones incluye a más de 80 testigos, entre ellos antiguos responsables de organismos públicos implicados en las adjudicaciones, como la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera o el expresidente de Puertos del Estado Francisco Toledo. También declararán por escrito la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres, quienes dirigían Baleares y Canarias durante la pandemia, territorios que también contrataron material con empresas relacionadas con la investigación.
Otras líneas abiertas
El juicio supone el primer gran examen judicial de una investigación que ha ido ampliándose en distintas piezas separadas en la Audiencia Nacional, donde continúan abiertas otras líneas relacionadas con adjudicaciones de obra pública y posibles irregularidades en el entorno del Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos.
El desarrollo de la vista oral marcará un nuevo capítulo en una de las investigaciones con mayor impacto político de los últimos años, con ramificaciones que podrían prolongarse en el tiempo y que mantienen el foco sobre la gestión de los contratos de emergencia adjudicados durante los momentos más críticos de la crisis sanitaria y cuyas ramificaciones apuntan a Ferraz.