Torres y Armengol evitan la “vergüenza del telediario”: el Supremo acepta su petición y respiran aliviados
El Alto Tribunal autoriza el privilegio de testificar por escrito en el 'caso Koldo' para la presidenta del Congreso y el ministro de Política Territorial, mientras veta a la Abogacía del Estado en la representación de las empresas públicas Ineco y Tragsatec.
El ministro de Política Territorial y Migraciones, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso, Francian Armengol.
El Tribunal Supremo ha emitido un auto clave en el que concede a Francina Armengol, presidenta del Congreso, y a Ángel Victor Torres, ministro de Política Territorial, el derecho de prestar declaración como testigos por escrito.
Ambos habían solicitado formalmente la posibilidad de no compadecer presencialmente en el juicio previsto por las presuntas irregularidades en los contratos sanitarios durante la pandemia relacionados con el 'caso Koldo'. La concesión ha sido aceptada porque la solicitud tanto de Armengol como de Torres se fundamenta en su actual estatus institucional y en su condición de expresidentes de Baleares y Canarias, respectivamente. Ambos le compraron mascarillas y material sanitario a la empresa de Víctor de Aldama, 'Soluciones de gestión', durante el COVID. De ahí que tengan que testificar.
Asimismo, los magistrados han señalado que la declaración de ambos deberá ajustarse de manera estricta a los puntos señalados por el Ministerio Fiscal que refieren a la presunta influencia y facilitación de contactos con las administraciones autonómicas que dirigían en aquel momento. El Supremo ha recordado también de forma contundente que ambos están en la obligación de decir la verdad en los informes, los cuales deberán llegar antes del 7 de abril, fecha en que se inicia el juicio.
Por otro lado, el Supremo ha emitido otra diligencia de ordenación que establece que no procede que la Abogacía del Estado se persone como representación legal de las sociedades públicas Ineco y Tragaste. Esta decisión llega tras el ofrecimiento por parte del Alto Tribunal hacia ambas empresas de incorporarse al procedimiento si se consideraban perjudicadas por supuesta contratación irregular de mujeres vinculadas a Ábalos, tal y como sostenía la Fiscalía Anticorrupción.