Diez indicios clave llevan al Juez Peinado a procesar a Begoña Gómez por cuatro delitos

El juez Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, ha dado por concluida la instrucción y propone procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. 

El magistrado ha archivado el delito de intrusismo profesional al considerar que solo existe un “indicio endeble”.

En un auto de 39 páginas, Peinado detalla los indicios que, a su juicio, justifican llevar el caso a juicio con jurado popular. La Fiscalía y la defensa han anunciado que recurrirán ante la Audiencia Provincial de Madrid, que tendrá la última palabra antes de la apertura del juicio oral.

Los 10 principales indicios según el auto del juez

El instructor centra su argumentación en la actividad de Gómez como codirectora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), sus relaciones profesionales y el supuesto uso de recursos públicos. Estos son los indicios más destacados por el juez:

1.Cartas de recomendación a Barrabés: Begoña Gómez, desde la Universidad Complutense, firmó cartas de apoyo a empresas de Juan Carlos Barrabés (Innova Next).Estas cartas respaldaban su participación en licitaciones públicas de Red.es. Las empresas resultaron adjudicatarias de contratos financiados con fondos europeos.El importe total ronda entre 10 y 12 millones de euros.Se investiga si hubo posible tráfico de influencias o trato de favor.

2.Relación profesional y mutuo asesoramiento con Barrabés: Barrabés fue profesor y colaborador en la cátedra. Se investigan reuniones en Moncloa, coincidencias temporales con adjudicaciones y un supuesto aprovechamiento de la posición de Gómez para beneficiar a sus empresas.

3.Creación de la cátedra tras reunión en Moncloa: La cátedra se impulsó después de un encuentro del rector de la UCM con Pedro Sánchez. Peinado sugiere que pudo servir como “fachada” para captar fondos privados de empresas que luego obtenían contratos públicos.

4.Apropiación indebida del software de la cátedra: Se acusa a Gómez de registrar o utilizar personalmente un software desarrollado con recursos universitarios para ayudar a pymes, en contra de los términos de la cátedra. La propia UCM denunció falta de colaboración.

5.Uso de la asesora de La Moncloa (Cristina Álvarez) en asuntos privados: La asesora contratada con fondos públicos habría dedicado tiempo y gestiones (correos, trámites) a la cátedra y actividades de Gómez. El juez señala hasta 21 indicios que sustentarían la malversación de caudales públicos.

6.Reunión con Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia/Air Europa: Un encuentro en 2020 coincidió con el rescate público de Air Europa (entre 475 y 615 millones de euros durante la pandemia). Se investiga posible influencia en la concesión de las ayudas.

7.Captación de patrocinios privados como posible corrupción: Empresas que patrocinaron la cátedra (y que posteriormente obtuvieron contratos públicos) habrían recibido ventajas. El juez habla de corrupción en los negocios y apunta a que parte de los fondos pudieron destinarse a beneficio personal.

8.Aprovechamiento singular de su posición como esposa del presidente: Peinado destaca un “aprovechamiento singular de su posición relacional” para obtener apoyos institucionales a la cátedra y al proyecto TSC, sin precedentes similares en democracia.

9.Contrato de patrocinio con Air Europa en el IE Africa Center: La aerolínea firmó un acuerdo de 40.000 euros anuales (más vuelos) con el centro del IE dirigido entonces por Gómez, en posible conexión con el rescate de la compañía.

10.Irregularidades en el nombramiento y falta de titulación relevante: Gómez codirigió la cátedra sin titulación universitaria acorde según algunos informes, y el rector la creó sin convenio inicial, supuestamente bajo presiones.

Polémica y críticas a la instrucción

Muchos de estos indicios se basan en coincidencias temporales, correos, reuniones y cartas. La Fiscalía, la defensa y algunos informes de la Guardia Civil (UCO) y la Fiscalía Europea sostienen que no hay pruebas de influencia real, beneficio económico directo ni perjuicio al erario público. Consideran que se trata de actividades académicas y profesionales legítimas.

La causa, iniciada en abril de 2024 por denuncia de Manos Limpias y ampliada con otras querellas, acumula miles de folios y ha sido muy cuestionada por las continuas correcciones de la Audiencia Provincial. Las partes tienen ahora cinco días para presentar escritos de conclusiones provisionales.

El caso avanza hacia un posible juicio con jurado popular, aunque todo dependerá de los recursos pendientes