El Supremo descarta frenar la regularización de inmigrantes mientras suma un nuevo recurso interpuesto por Hazte Oír

El Tribunal Supremo ha decidido este jueves no paralizar de forma inmediata el real decreto que facilitará la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de migrantes en España. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado la medida cautelarísima solicitada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, al considerar que no concurren las circunstancias de especial urgencia alegadas.

En su auto, el Alto Tribunal explica que la urgencia no puede justificarse únicamente por la entrada en vigor de la norma, que se produjo este mismo jueves tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Según subraya, para adoptar una suspensión inmediata debe existir una situación que aconseje actuar con la mayor rapidez, algo que, en este caso, no aprecia.

El Supremo recalca además que la urgencia debe evaluarse en función de circunstancias objetivas y no en base a valoraciones subjetivas de las partes sobre cómo podría desarrollarse el procedimiento. En esta línea, apunta que el propio real decreto establece plazos y trámites concretos —incluidas autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales—, lo que, a su juicio, reduce el riesgo de situaciones irreversibles si la cuestión se tramita por la vía ordinaria.

En lugar de acordar la suspensión inmediata, el tribunal ha optado por abrir el procedimiento habitual, dando un plazo de diez días al Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, para presentar alegaciones. Se trata del primer movimiento del Supremo en relación con este proceso de regularización, que ya ha generado reacciones políticas y judiciales. Varios gobiernos autonómicos del Partido Popular han anunciado su intención de recurrir el real decreto.

Recurso de Hazte Oír

A este frente se suma ahora un nuevo recurso. La asociación Hazte Oír (sin duda una de las más activas judicialmente hablando) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el reglamento de la norma al considerar que excede los límites legales y altera de facto el régimen de extranjería sin la correspondiente reforma de una ley orgánica.

El escrito, presentado conforme a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, identifica la disposición impugnada y será desarrollado en la correspondiente demanda. Según el letrado de la organización, Javier María Pérez-Roldán, el reglamento “no puede utilizarse para modificar lo que solo puede cambiarse por ley orgánica” y, en su opinión, el Ejecutivo estaría actuando fuera de sus competencias.

Desde la asociación se sostiene que la cuestión no es únicamente formal, sino también de fondo. Recuerdan que el régimen jurídico de los extranjeros en España está regulado por la Ley Orgánica 4/2000, que establece una reserva de ley en esta materia. A su juicio, el reglamento supondría un exceso que vulnera el principio de jerarquía normativa recogido en la Constitución.

Hazte Oír también cuestiona el procedimiento seguido para aprobar la medida, al entender que evita el debate parlamentario que exigiría una reforma de ese alcance. En este sentido, advierten de que el Gobierno no debería modificar el modelo migratorio sin su paso por las Cortes. La iniciativa judicial se enmarca, además, en una estrategia más amplia impulsada por la asociación, que incluye campañas de recogida de firmas, movilización en redes sociales y la presentación de denuncias ante instancias internacionales como la Unión Europea y organismos de Naciones Unidas.

Mientras tanto, el decreto sigue su curso. Desde este jueves ya pueden iniciarse los trámites para solicitar la regularización, en un proceso que el Ejecutivo prevé desarrollar en los próximos meses y que continúa acumulando frentes judiciales abiertos.