NUEVO INFORME DE LA UCO
Decenas de mensajes de Armengol con Koldo dejan muy comprometida a la presidenta del Congreso, que mintió ante el Supremo: "¿Me puedes ayudar?"
La expresidenta balear aseguró por escrito ante el Tribunal Supremo que “nunca” intervino en contrataciones ni habló con Koldo García sobre los contratos de mascarillas. Un nuevo informe de la UCO desmonta su versión con decenas de chats directos en los que le pedía ayuda al asesor de Ábalos para, principalmente, acortar plazos.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, en el Congreso de los Diputados.
Apenas un día después de que el Juzgado Central de Instrucción nº 2 uniera al expediente el Informe nº 62/2026 de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el caso Koldo vuelve a dar un giro y poner el foco en la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol. Este nuevo documento de casi 200 páginas pone en evidencia una relación fluida y operativa entre la expresidenta de Baleares y Koldo García Izaguirre durante los meses más duros de la pandemia. Fue por entonces cuando el Govern balear adjudicaba contratos millonarios a la empresa que pagaba 10.000 euros al mes en efectivo al exasesor de Ábalos.
Un detalle agravado por el hecho de que Armengol mintió en su declaración escrita como testigo al Supremo. En la misma (leída en sala el 7 de abril), la socialista fue rotunda: “La presidenta de Baleares no realiza contrataciones ni transmite indicaciones sobre a quién se debe contratar”. Aseguró también que “nunca” contactó con empresas para tramitar contrataciones públicas y que “no estaba al tanto de la tramitación de cualquier expediente administrativo”. Incluso también se refería directamente a Koldo, alegando que no recordaba haber hablado con él de los contratos y que cualquier gestión la habría derivado al órgano técnico competente. Sin embargo, los mensajes de WhatsApp reproducidos por la UCO cuentan otra historia.
En junio de 2020, con la emergencia COVID en pleno apogeo, Armengol escribe directamente a Koldo: “H! Necesito hablar con el Ministro. Le he dejado mensaje a través de secretaría. ¿Me puedes ayudar?”. Horas después, tras recibir la respuesta, le contesta: “Gracias. A ver si lo puede arreglar”.
Meses más tarde, en agosto, es ella quien le facilita el teléfono de su consejera de Salud, Patricia Gómez: “Hola! Es el número de la consejera de salud”. Koldo le responde con familiaridad y ese apelativo cariñoso que ya salió a la luz hace unos meses: “Vale cariño te mantengo informada de todo”.
Y en noviembre, ya con los contratos en marcha, Armengol informa a Koldo de una conversación con el ministro Illa: “H! Me acaba de llamar Illa. Esta semana me contesta a nuestra propuesta. Le he visto muy bien. Tendremos q seguir insistiendo...”. Koldo le contesta, de nuevo, con tono cómplice: “Pero serás jodida”.
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Koldo, canal directo para acortar plazos
Estos no son mensajes aislados. El informe detalla una correspondencia constante durante meses en la que la entonces presidenta balear utiliza a Koldo como su canal directo con el Ministerio de Transportes y con Sanidad para desatascar plazos, certificaciones y contactos en una época donde recordemos las mascarillas y los test eran bienes muy preciados. Le comparte incluso documentos internos de la administración autonómica y coordina con él la presión conjunta sobre los contratos de mascarillas FFP2, por valor de 3,7 millones de euros, y los posteriores de tests COVID.
Las contradicciones son palmarias. Lo que en el Supremo fue un “no recuerdo” y una negación rotunda de cualquier intervención personal aparece ahora negro sobre blanco en los móviles intervenidos: una relación directa, operativa y continuada con la persona que precisamente facilitaba los favores a la trama.
Fuentes jurídicas consultadas por ESdiario advierten que estas discrepancias podrían tener consecuencias penales. No se trata de imprecisiones menores, sino de una versión que niega hechos ahora documentados con sus propios mensajes. El Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional tendrán que valorar si Armengol incurrió en contradicciones que afecten a su credibilidad o, incluso, si su testimonio roza el perjurio.
En el Congreso, donde preside la Cámara gracias al apoyo del PSOE y sus socios, el silencio es atronador. Ningún dirigente socialista ha salido hasta el momento a defenderla tras conocerse el contenido del informe.