Más corrupción estalla a Sánchez en Valencia: la UCO apunta a financiación ilegal del PSPV con "comisiones de 600.000 euros"

La corrupción vuelve a escena en la Comunitat Valenciana y lo hace con un viejo conocido: el caso Azud. Pero esta vez, los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elevan el tono y apuntan directamente a un posible entramado de financiación ilegal del PSPV. Según la investigación que se sigue en el Tribunal de Instancia de Valencia, los agentes han puesto el foco en el papel de José Luis Vera, abogado y exresponsable jurídico de Divalterra de la Diputación de Valencia, a quien atribuyen una función clave: actuar como intermediario para facilitar operaciones urbanísticas a favor del grupo empresarial Axis, a cambio de importantes contraprestaciones económicas.

Las cifras no son menores. Entre 2007 y 2012, José Luis Vera habría percibido más de un millón de euros, en concreto 1.034.186 euros, directamente o a través de su empresa. Pero lo más delicado no es sólo el dinero, sino el destino final del mismo. La UCO sostiene que existen indicios de que parte de esos fondos podrían haber acabado en manos de cargos públicos vinculados al PSPV-PSOE. El mecanismo, según los investigadores, giraría en torno a adjudicaciones urbanísticas en distintos puntos de la Comunitat Valenciana, como el PAI de Burjassot, proyectos en Xixona o el plan del Desert de Les Palmes en Benicàssim. Operaciones en las que, presuntamente, se movían influencias, reuniones y decisiones políticas a cambio de pagos encubiertos.

Especialmente llamativo resulta el capítulo de la denominada operación “Colegios”, donde los agentes vinculan el cobro de 150.000 euros con posibles entregas de dinero en efectivo a figuras del ámbito municipal socialista, como Rafael Rubio. Los informes también recogen reuniones con dirigentes socialistas de relevancia en su momento, como en entonces alcalde de Benicàssim, Francesc Colomer, así como documentos en los que se evidenciaría la interlocución directa con estructuras del Gobierno central de la época de Zapatero. Más allá de los nombres, lo que dibuja la investigación es un patrón: operaciones urbanísticas de gran calado, intermediarios con fuertes vínculos políticos y comisiones que, en algunos casos, superarían los 600.000 euros.

Aunque el caso se remonta a hace más de una década, sus consecuencias llegan en un momento especialmente delicado para el Gobierno de Pedro Sánchez, con varios frentes abiertos en materia judicial y un desgaste creciente en el terreno de la credibilidad por los casos de corrupción. Por ahora, la causa sigue en fase de instrucción y será la Justicia quien determine responsabilidades. Pero los indicios recogidos por la UCO de la Guardia Civil vuelven a poner sobre la mesa un problema recurrente en la política española: la sombra de la financiación ilegal del PSOE. Y en Valencia, esa sombra vuelve a alargarse.