Juez del 'caso Koldo' aprieta al Ministerio de Transportes: orden judicial exprés por 10 contratos de Adif y Carreteras bajo lupa

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno da otro paso en la investigación del caso Koldo en relación concretamente a la adjudicación de contratos de obra pública. En un nuevo auto el magistrado ha ordenado al Consejo de Obras Públicas -organismo integrado en el Ministerio de Transportes de Óscar Puente- que entregue de inmediato la documentación de diez expedientes de adjudicación de obra pública y que identifique, uno por uno, a los funcionarios que elaboraron los informes técnicos.

La orden es clara y sin margen de maniobra: “a la mayor brevedad posible”. El juez considera la petición de la Fiscalía “útil y pertinente” para “recabar la información interesada” y “determinar responsabilidades para poder efectuar el descubrimiento y comprobación de la comisión de la infracción penal”. Traducido: el Ministerio de Transportes ya no puede demorar más la entrega de los papeles que pueden revelar cómo se cocinaron diez contratos millonarios.

Cinco de esas licitaciones corresponden a Adif y otras cinco a la Dirección General de Carreteras. Entre las de Adif figuran los soterramientos de vías en la región de Murcia, la construcción de la plataforma del tramo Pulpí-Vera en la línea de alta velocidad Murcia-Almería, la integración del ferrocarril en Sant Feliú de Llobregat (Barcelona), el tratamiento de elementos de la infraestructura en el tramo Monforte-Lugo de la línea 800 y las obras de estabilización de taludes en un tramo de Asturias.

En el caso de la Dirección General de Carreteras, la lista incluye las obras en la autovía A-68 en La Rioja, la construcción de tirantes del Puente del Centenario en Sevilla, las modificaciones en la A-32 entre Linares y Albacete, la adaptación parcial de la segunda calzada de la autovía A-63 en el tramo Salas-La Espina y las obras en la autovía A-12 Camino de Santiago.

Con esta exigencia judicial, la investigación del presunto amaño de contratos de obra pública entra en una fase decisiva. El Ministerio de Transportes, que hasta ahora había mantenido bajo control la información interna de estas adjudicaciones, se ve obligado a sacar los expedientes y los nombres de los técnicos que los avalaron. El reloj corre porque el magistrado ha dejado claro que no está dispuesto a tolerar más dilaciones en una causa que ya ha puesto en el centro de la diana las contrataciones públicas del Ministerio de Transportes.