El PSOE aplica en el País Vasco la "prioridad nacional" que critica al PP y Vox: 3 años de arraigo para una VPO

El sanchismo y sus principios cambiantes tiene estas cosas, lo que es intolerable en un sitio, en otro es lo más normal del mundo, siempre que cambie el territorio y quién firme la medida. El último ejemplo de este manual de doble rasero del PSOE es con el concepto de “prioridad nacional” o arraigo de los pactos del PP con Vox en Extremadura o Aragón, con el que se rasgan las vestiduras "por racista" mientras lo aplican con toda la naturalidad allí donde gobiernan como el País Vasco -en coalición con el PNV-.

El PSOE lleva toda la semana con la consigna a su loroparque de que repita que los pactos del PP y Vox en Extremadura y Aragón promueven políticas racistas por introducir el concepto de arraigo, puesto como “prioridad nacional” en el acuerdo, en el acceso a determinadas ayudas públicas. Un término que, según la crítica socialista, suponía poco menos que una exclusión de todo servicio de quien no es español, algo totalmente falso. Sin embargo, basta mirar al País Vasco para comprobar cómo ese mismo concepto de arraigo no solo deja de ser problemático para el PSOE, sino que se convierte en política oficial.

En concreto, la Consejería de Vivienda del Gobierno Vasco, que dirige el socialista Denis Itxaso, acaba de aprobar justo esta semana que en el acceso a una VPO se eleve de uno a tres años el empadronamiento mínimo exigido para optar por un piso protegido. El objetivo de este cambio, ha defendido el propio dirigente del PSOE, es “generar arraigo en aquellos municipios en los que quieres echar raíces”. Arraigo, exactamente la misma palabra que usa el PP en sus pactos con Vox, plasmado como “prioridad nacional” en el texto, y que señala que va a priorizar, y que los socialistas califican de ultra y racista.

La contradicción, por no decir directamente la hipocresía a la que nos tiene acostumbrados el PSOE sanchista, es difícil de disimular. Mientras en Extremadura o Aragón ese criterio se presenta como una amenaza a la igualdad y una medida racista porque lo firman PP y Vox, en el País Vasco el PSOE lo vende como una herramienta legítima para el acceso a la vivienda a personas con arraigo en su municipio. Cambia el discurso, pero no la medida, ni sobre todo el cinismo de los socialistas.