Crisis sanitaria
Choque total en Sanidad: los médicos acusan a Mónica García de "manipular" el conflicto y exigen su dimisión inmediata
El Comité de Huelga denuncia falta de rigor jurídico, rechaza las mesas autonómicas por "inviables"y mantiene la huelga al exigir una reforma estatal del Estatuto Marco como única solución real al conflicto.
La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una comparecencia ante la Comisión de Sanidad en el Senado, a 23 de abril de 2026, en Madrid (España).
El conflicto entre los sindicatos médicos y el Ministerio de Sanidad ha escalado un nuevo peldaño tras la cancelación de la reunión prevista con las comunidades autónomas. El Comité de Huelga ha exigido la dimisión o el cese inmediato de la ministra, a la que acusa de gestionar la crisis con “falta de rigor” y de “manipular el relato” en torno a la reforma del Estatuto Marco.
Un conflicto enquistado sin salida inmediata
La ruptura se produce después de que el Ministerio suspendiera un encuentro clave en el que se iba a abordar una posible salida negociada: la creación de mesas autonómicas específicas para médicos y facultativos. Según Sanidad, la cancelación se debe a la falta de voluntad del comité para desescalar el conflicto, pese a los “puntos de acuerdo” alcanzados. Sin embargo, los sindicatos niegan esta versión y sostienen que el Gobierno está distorsionando lo ocurrido en las negociaciones.
Las organizaciones médicas entre ellas la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Metges de Catalunya o el Sindicato Médico Andaluz consideran que la propuesta del Ministerio es insuficiente y, sobre todo, inviable. Argumentan que no se pueden crear soluciones autonómicas para un problema cuya raíz está en una legislación estatal, como es el Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal sanitario.
Según el Comité de Huelga, fue el propio Ministerio quien planteó inicialmente esta vía en una reunión anterior, comprometiéndose a trasladarla a las comunidades autónomas. No obstante, los representantes médicos aseguran que esa propuesta no aborda el núcleo del conflicto y que el Ejecutivo es plenamente consciente de sus limitaciones jurídicas.