Escándalo mayúsculo por el presunto espionaje a jueces en la Audiencia Nacional
Juezas y Jueces para la Democracia reclama al CGPJ investigar el posible espionaje a jueces tras las declaraciones del comisario Manuel Morocho en el caso Kitchen, que alertan de escuchas en sedes judiciales y disparan la preocupación por una injerencia policial o política en la Audiencia Nacional, con exigencia de responsabilidades si se confirma una práctica que vulneraría derechos fundamentales, la independencia judicial y la separación de poderes en España
Fachada de la Audiencia Nacional
El posible espionaje a jueces en sede judicial ha estallado como un auténtico terremoto institucional tras las declaraciones del comisario Manuel Morocho en el juicio del caso Kitchen. Su testimonio, en el que apuntó a la sospecha de que algún magistrado de la Audiencia Nacional podría haber sido vigilado, ha abierto una crisis de enorme gravedad que afecta directamente a la independencia judicial y al equilibrio de poderes en España.
La reacción de Juezas y Jueces para la Democracia ha sido inmediata. La asociación reclama al Consejo General del Poder Judicial que actúe sin dilación y aclare si existieron escuchas o seguimientos en dependencias judiciales. En su comunicado advierten de que, de confirmarse, “supondría una práctica ilícita extremadamente grave” y alertan de que afectaría no solo a los derechos fundamentales de los jueces, sino también a “la seguridad e integridad que debe presidir el trabajo judicial”.
Las palabras de Morocho en sede judicial han sido el detonante. Según su declaración, existía la percepción de que “algún magistrado creía que podía estar siendo espiado”, una afirmación que sitúa el foco en posibles injerencias externas en causas sensibles. Para la asociación judicial, esto revelaría una “voluntad de interferir y perjudicar la investigación de los tribunales”, una línea roja en cualquier Estado de Derecho.
El núcleo del problema no es menor. Si se acreditara que desde ámbitos policiales o políticos se trató de “espiar, obstruir o entorpecer la labor judicial”, el impacto sería demoledor. Por ello, JJpD exige que el CGPJ investigue a fondo y, en su caso, traslade los hechos al Ministerio Fiscal para depurar responsabilidades. “El Estado de Derecho debe garantizar un Poder Judicial que ejerza su función con independencia y sin injerencias externas”, recuerdan.
La advertencia final es tan clara como inquietante: de confirmarse estos hechos, España estaría ante una “gravísima actuación ilegal” que exigiría una respuesta contundente. Porque el trabajo de los jueces, insisten, “no puede ser interferido o perjudicado por ningún poder o grupo”.