El Supremo estudia frenar cautelarmente la regularización masiva del Gobierno
La Sala de lo Contencioso analizará el miércoles los recursos presentados contra el proceso extraordinario de inmigración mientras Hazte Oír denuncia una medida que “desborda los límites del Ejecutivo” y altera el sistema legal
Fachada del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo estudiará este miércoles si paraliza cautelarmente la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, después de los recursos presentados por Hazte Oír y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo celebrará una vista en la que escuchará tanto a los recurrentes como a la Abogacía del Estado antes de decidir si suspende temporalmente la medida mientras analiza el fondo del asunto.
Hace apenas unas semanas, el Alto Tribunal ya rechazó aplicar la suspensión por la vía cautelarísima y de urgencia solicitada por una de las asociaciones recurrentes. Sin embargo, el Supremo optó entonces por abrir una fase de alegaciones y reclamar al Ejecutivo el expediente administrativo completo relativo al proceso de regularización.
Un proceso con efectos políticos, jurídicos y económicos
Los demandantes sostienen que la iniciativa del Gobierno supone una “vulneración grave del Estado de Derecho” y denuncian que el Ejecutivo estaría actuando “en fraude de ley”. Según Hazte Oír, “no es una regularización más”, sino un proceso con efectos políticos, jurídicos y económicos de enorme alcance.
La organización considera especialmente grave que la medida pueda tener impacto sobre “la concesión de autorizaciones de residencia y trabajo, el alta en la Seguridad Social, el acceso a prestaciones o la suspensión de órdenes de expulsión firmes”, decisiones que después resultarían difíciles de revertir en caso de que la Justicia termine anulando el procedimiento.
Por ello, los recurrentes defienden que la suspensión cautelar es “la única vía para evitar un perjuicio irreparable al erario público y a la seguridad jurídica”.
El Supremo, no obstante, justificó su negativa inicial a aplicar la paralización urgente argumentando que no basta con que una norma entre en vigor de forma inmediata para adoptar automáticamente medidas cautelarísimas sin escuchar previamente al Estado.
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La vista de este miércoles se produce además en pleno debate político sobre inmigración y control fronterizo, un asunto que ha ganado peso en la agenda pública durante los últimos meses y que ha provocado fuertes choques entre el Gobierno y la oposición.
La decisión que adopte ahora el Alto Tribunal podría marcar el futuro inmediato de una de las medidas más controvertidas impulsadas por el Ejecutivo en materia migratoria.