El arraigo se perfila como el puente de entendimiento entre PP y Vox para aplicar la prioridad nacional

Vox está logrando introducir en el debate de las instituciones autonómicas la cuestión de la prioridad nacional para el acceso de las ayudas públicas. En la Comunidad Valenciana, la próxima sesión de control al presidente de la Generalitat girará entorno a este tema y está previsto que Vox presente una Proposición No Legislativa (PNL) para el siguiente pleno ordinario. Mientras crece la crítica por parte de la izquierda y permanecen las dudas legales sobre su aplicación, Vox aún tiene que aclarar los detalles y el PPCV ha mostrado un punto en común con el que dicen sentirse "cómodos" y que podría ser la base del acuerdo: el arraigo histórico.

Lejos de los pronósticos apocalípticos del PSPV-PSOE que compara la prioridad nacional con las leyes de Núrember de la Alemania nazi y agita el temor al regreso del nazismo, es en realidad una actualización de figuras jurídicas preexistentes.

Desde el PPCV, el síndic Nando Pastor ha recordado que fue la exvicepresidenta Mónica Oltra quien introdujo la exigencia del citado requisito para acceder al subsidio que puso en marcha, la Renta Valenciana de Inclusión. Como ya avanzaba ESdiario y ha recordado el portavoz del PPCV, los ayuntamientos valencianos del PSOE ya exigen cierta antigüedad del empadronamiento para acceder a las ayudas públicas. Además, Pastor ha tendido un puente con Vox afirmando que  "nos sentimos cómodos con el arraigo", aunque no ha querido anticipar si apoyarán la PNL de Vox, abogan por aplicar el "sentido común". 

Vox, por su parte, ha afirmado con total seguridad que existen mecanismos "legales" para materializar la prioridad nacional. Y ha añadido que tienen claras cuáles son las limitaciones competenciales y legales. Precisamente, el portavoz de Vox en Les Corts, José María Llanos, ha replicado al portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, en este sentido: "se cree que somos tontos". Preguntado por si una vía de aplicación de la prioridad nacional sería endurecer la antigüedad del empadronamiento para solicitar ayudas públicas, Llanos ha defendido que esa es una posibilidad que "es legal". Eso sí, no anticipa cuánto tiempo de residencia mínima consideran óptimo para ser priorizado en las ayudas: "no es momento de números".

¿Qué es el arraigo?

En el contexto de la administración pública, el arraigo es el vínculo que una persona demuestra tener con un territorio específico a través de su permanencia en el tiempo y su integración social o laboral. Tradicionalmente, ha servido como un mecanismo legal para que extranjeros en situación irregular puedan obtener un permiso de residencia. Sin embargo, en el nuevo marco de negociación entre PP y Vox, el concepto se está redefiniendo como un filtro de acceso a servicios públicos: ya no se trata solo de tener "papeles", sino de acreditar un periodo de residencia histórica. 

Podrá llamarse prioridad nacional o arraigo, pues como ha aclarado Llanos, no les importa la "terminología", sino la cuestión "de fondo": que los nacionales tengan prioridad. 

"Todas las acciones posibles contra la regularización masiva"

Por otro lado, el portavoz de Vox ha avanzado que van a combatir el proceso de regularización masiva desde los ayuntamientos. Al margen del recurso que la formación presenta a nivel nacional en el Tribunal Supremo, la delegación valenciana de Vox hará "todo lo posible para impedir" la regularización masiva, en palabras de Llanos. Esto pasa por, según ha explicado, ejercer presión en cada consistorio en función de la representación política que ostenten en cada municipio. "En algunos casos recurriremos a los tribunales", ha augurado. En el caso de Valencia, se ha mostrado en contra del refuerzo del personal que ha puesto para ello el PP de María José Catalá.