Colas de regularización
La regularización masiva enciende las alarmas policiales: “¿Por qué no se excluye a quienes tienen antecedentes?”
Alfredo Perdiguero advierte de que el nuevo proceso puede desbordar Extranjería y reclama que los informes policiales tengan peso real antes de conceder permisos de residencia
La regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno vuelve a situarse en el centro de la polémica política y policial. El Ejecutivo defiende que el proceso servirá para sacar de la irregularidad a miles de personas que ya viven en España, mientras que desde sectores policiales se denuncia que la medida nace con prisas, sin medios suficientes y sin garantías claras frente a personas con antecedentes.
El Real Decreto 316/2026, aprobado el 14 de abril, abrió la puerta a un procedimiento extraordinario de regularización administrativa. Según Moncloa, los requisitos generales incluyen encontrarse en España antes del 1 de enero de 2026, acreditar permanencia y carecer de antecedentes penales, además de no suponer una amenaza para el orden público o la seguridad pública.
Sin embargo, Alfredo Perdiguero puso el foco en una cuestión que, a su juicio, el Gobierno no ha querido resolver: qué ocurre con quienes no tienen antecedentes penales firmes, pero sí acumulan antecedentes policiales o expedientes abiertos.
El informe policial que eleva la cifra hasta 1,25 millones
Uno de los momentos más significativos de la intervención llegó cuando Perdiguero mostró en pantalla el documento al que se refería y leyó la cifra que, según él, figura en el informe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
“La Comisaría General de Extranjería y Fronteras ya le dijo al ministro del Interior, en febrero de 2026, que podía llegar a 1.250.000 personas regularizadas. Es decir, que no es cualquier cosa. Aquí lo tienes: 1.250.000 personas”.
Informe policial sobre la regularización de inmigrantes
Ese dato coincide con informaciones publicadas en febrero que atribuían a un informe del comisario jefe de Extranjería una estimación superior al millón de potenciales beneficiarios, frente a las cifras más contenidas manejadas públicamente por el Gobierno.
La crítica de Perdiguero fue directa: “No han preguntado a ningún profesional, a ningún policía ni a ningún experto en extranjería para hacer esta norma”.
Antecedentes penales, antecedentes policiales y una pregunta incómoda
El policía insistió en que el problema no está en regularizar a personas que han venido a trabajar, sino en no blindar el procedimiento frente a quienes acumulan detenciones, causas abiertas o antecedentes policiales.
“¿Por qué motivo quieren delincuentes extranjeros en España?”, se preguntó, en referencia a casos en los que, según relató, personas con múltiples antecedentes policiales podrían solicitar la regularización al no contar todavía con condenas penales firmes.
Perdiguero citó como ejemplo el caso de un supuesto menor extranjero que, según su relato, terminó siendo mayor de edad y fue enviado a prisión provisional por una agresión sexual a una menor. También habló de otro caso en su distrito de una persona con “110 antecedentes policiales” pero sin antecedentes penales al no haberse presentado a juicios.
El fondo de su denuncia es claro: si la norma exige carecer de antecedentes penales, pero no bloquea automáticamente a quienes acumulan antecedentes policiales relevantes, el sistema podría dejar fuera del filtro a perfiles conflictivos.
Las expulsiones que no se ejecutan
Otro de los puntos más duros de la intervención fue el relativo a las órdenes de expulsión. Perdiguero aseguró que España dicta miles de expedientes, pero ejecuta solo una pequeña parte.
Según datos publicados por distintos medios a partir de cifras oficiales, en 2025 se ejecutaron 3.398 expulsiones de extranjeros en procedimientos iniciados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un 12% más que el año anterior.
El agente elevó la crítica al plano práctico: muchos expedientes no llegan a materializarse porque los países de origen no reconocen a sus nacionales cuando llegan indocumentados. Y ahí lanzó otra advertencia: si ahora esas mismas personas se documentan para pedir la regularización, ¿servirá esa documentación después para expulsarlas si procede?
El certificado de vulnerabilidad y el papel de las ONG
La intervención también cargó contra el certificado de vulnerabilidad, uno de los elementos que ha generado más colas, dudas y tensión administrativa desde la entrada en vigor del proceso. En la primera semana, según publicó El País, se registraron más de 130.000 solicitudes y el certificado de vulnerabilidad se convirtió en uno de los cuellos de botella del sistema.
Perdiguero denunció que hay largas colas ante entidades sociales y sostuvo que algunas ONG no pueden comprobar con garantías la veracidad de los documentos presentados. A su juicio, eso puede convertir la vulnerabilidad en una vía demasiado amplia para acceder a ayudas y permisos.
“Van a ser todos vulnerables”, resumió, criticando además que algunas organizaciones reciben subvenciones públicas y tienen vínculos políticos.
Extranjería, al borde del colapso
La regularización llega, además, en un momento de fuerte presión sobre las oficinas de Extranjería. El propio proceso ha generado advertencias de abogados, gestores y administraciones sobre retrasos, saturación y riesgo de estafas a personas migrantes que buscan asesoramiento para tramitar sus expedientes.
Perdiguero sostuvo que el trámite se está derivando hacia registros como Correos o plataformas administrativas, mientras las unidades especializadas ya arrastran una carga enorme por solicitudes de asilo, arraigo y expedientes pendientes.
“Policialmente estamos avisando desde hace meses”, afirmó.