Montero oculta el pacto fiscal que castiga a Andalucía: se anunciará tras las elecciones
El acuerdo entre Salvador Illa y Oriol Junqueras para blindar ventajas económicas a Cataluña se anunciará justo después de las elecciones andaluzas para evitar desgaste al PSOE

María Jesús Montero junto al presidente de la Generalitar, Salvador Illa
El Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE andaluz de María Jesús Montero decidieron esconder hasta después de las elecciones autonómicas el acuerdo fiscal pactado con ERC para beneficiar económicamente a Cataluña. La firma oficial entre Salvador Illa y Oriol Junqueras se producirá el próximo martes, apenas 48 horas después de que Andalucía vote, en una maniobra política que ya ha provocado una enorme indignación entre dirigentes autonómicos y sectores críticos con el trato privilegiado concedido al independentismo catalán.
La operación llevaba semanas negociándose discretamente entre la Generalitat, ERC y Moncloa. Sin embargo, el calendario escogido para anunciar el acuerdo no deja demasiado margen para la casualidad. Tanto el Gobierno como el PSOE eran plenamente conscientes del enorme coste electoral que tendría en Andalucía abrir antes de las urnas el debate sobre una financiación singular para Cataluña que amenaza directamente la capacidad redistributiva del sistema autonómico y perjudica especialmente a comunidades infrafinanciadas como Andalucía.
El pacto incluirá importantes concesiones económicas y fiscales a Cataluña a cambio del apoyo de ERC a los presupuestos de la Generalitat para 2026. Entre ellas figura la cesión parcial del IRPF, el impulso definitivo al nuevo sistema de financiación singular y la aplicación del principio de ordinalidad fiscal, una vieja reivindicación catalana que busca blindar que Cataluña mantenga posiciones de privilegio económico tras el reparto de recursos entre autonomías.
A ello se suman nuevas inversiones ferroviarias multimillonarias y la creación de la nueva empresa para gestionar Rodalies, otra de las grandes exigencias arrancadas por Junqueras al Ejecutivo socialista. ERC calcula además que las inversiones asociadas al acuerdo podrían alcanzar los 5.200 millones de euros hasta 2040.
Trilerismo político
El problema para el PSOE no es únicamente el contenido del pacto, sino la sensación de engaño político que deja el momento elegido para hacerlo público. Mientras María Jesús Montero recorría Andalucía apelando a la igualdad territorial y defendiendo públicamente un sistema justo para todas las comunidades autónomas, su propio Gobierno negociaba en silencio un modelo privilegiado para Cataluña que nunca se explicó abiertamente a los andaluces durante la campaña electoral.
La secuencia política resulta especialmente explosiva porque el acuerdo se formalizará inmediatamente después de las elecciones andaluzas y apenas un día antes de la nueva Comisión Bilateral Estado-Generalitat prevista en Madrid, donde Moncloa terminará de dar forma institucional a las concesiones pactadas con ERC.
Todo ello vuelve a evidenciar hasta qué punto la supervivencia parlamentaria de Pedro Sánchez sigue dependiendo del independentismo catalán. Y también hasta dónde está dispuesto a llegar el PSOE para evitar que los ciudadanos conozcan determinadas decisiones antes de acudir a las urnas este domingo en Andalucía