Andalucía en deuda con Cataluña, porque lo dice Montero

Hay dos formas de entender la política fiscal. Una consiste en ver al contribuyente como un aliado al que hay que dejar respirar para que invierta, pueda consumir, ahorrar y genere empleo, y que todo ello sea, además, compatible con su contribución al sostenimiento del Estado del bienestar -el que financia la sanidad y la educación públicas entre otras cosas. 

Y la otra consiste en contemplar al ciudadano como a un sujeto de recaudación al que siempre se le puede apretar un poco más en nombre de una supuesta justicia fiscal.

Ese es, en el fondo, el contraste entre Juanma Moreno y María Jesús Montero. No hablamos solo de dos dirigentes con formas opuestas. Hablamos de dos ideas antagónicas de ver el por qué y el para qué pagamos impuestos y, por tanto, de dos maneras distintas de entender el futuro de Andalucía.

María Jesús, “todopoderosa” Montero, fue consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía entre septiembre de 2013 y junio de 2018, y ha sido ministra de Hacienda desde junio de 2018. Su trayectoria permite, por tanto, juzgar una trayectoria y no un mero discurso político.  

Y ese modelo es perfectamente reconocible. Montero entiende la Hacienda pública como más presión fiscal, más intervencionismo y una concepción de la financiación autonómica en la que la singularidad catalana ha dejado de ser una excepción incómoda, para convertirse en una posibilidad política admitida y defendida desde el propio Gobierno.

Desde agosto de 2024, Moncloa viene hablando expresamente de “financiación singular para Cataluña”, y ha sido en enero de 2026 cuando la “todopoderosa ministra” Montero ha presentado un nuevo modelo de financiación que, según ella, “respeta y recoge las singularidades territoriales”.  

Los nacionalistas catalanes fueron los autores intelectuales del “España nos roba”, una grandilocuencia falaz convertida durante años en propaganda. Lo inquietante es que, con Montero al frente de Hacienda, aquello ha dejado de ser solo un eslogan para movilizar conciencias, a convertirse en el argumento central de la financiación autonómica en España.

Si los independentistas fueron los autores intelectuales, Montero amenaza con convertirse en la autora material de un modelo en el que el sistema común termina asumiendo costes, privilegios y estructuras decididos en clave bilateral. 

Dicho en román paladino: que los andaluces les paguemos las embajadas y otros lujos políticos a quienes llevan décadas presentándose como víctimas del resto de España, porque según los independentistas, y ahora según Montero, Andalucía está en deuda con Cataluña.

La misma señora que defiende que la burguesía nacionalista catalana recaude más, gestione más y negocie desde una posición singular es también la que ha puesto en marcha una política tributaria basada en gravar más y en recentralizar por la vía de los hechos la capacidad fiscal de las comunidades, y con ello hurtar recursos a comunidades como Andalucía, con los que se deberían financiar los servicios públicos en nuestras 8 provincias.

Por otra parte conviene no olvidar que la señora Montero ha sido también “la autora” del impuesto a las energéticas -que los ciudadanos pagamos en nuestras a facturas-, del impuesto a las transacciones financieras -que sostenemos con nuestras comisiones a los bancos-, del aumento de tipos en el IRPF, de la oposición de manera beligerante a la eliminación del impuesto de sucesiones en Andalucía y la de la negativa a deflactar el IRPF para que las familias puedan pagar menos impuestos, como consecuencia de una inflación que provoca que los andaluces tengan cada vez menor capacidad para llenar la cesta de la compra. 

Medidas todas que hoy convierten el sistema recaudatorio español -el de Montero- sencillamente en irrespirable.

En definitiva, más impuestos para las clases medias, no porque el Gobierno lo proclame así, sino porque son las familias corrientes, las andaluzas, las que terminan soportando en su renta disponible, en su consumo y en el coste de su vida cotidiana, la filosofía recaudatoria de María Jesús Montero.

Frente a ese esquema, el modelo de Juanma Moreno ha seguido el camino contrario: menos castigo fiscal, más atractivo para invertir y más confianza en la capacidad de crecimiento de la sociedad andaluza.

Quizás algunos lo hayan olvidado, pero en 2019, la Junta adoptó una de las mejores muestras de justicia fiscal de nuestra historia, cuando bonificó al 99% el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Y ello con una lógica aplastante: dejar de penalizar el ahorro familiar y la transmisión entre padres e hijos, porque hasta entonces, morirse podía ser también la ruina de una familia en Andalucía.  

En otra singular medida aprobada en 2022, el Gobierno andaluz puso más dinero en los bolsillos de los trabajadores andaluces cuando aprobó la deflactación del IRPF para paliar los efectos de la inflación. 

Se aprobó una bonificación del 100% del Impuesto sobre el Patrimonio con el objetivo de atraer talento e inversión, fomentar la actividad económica y el empleo e incentivar que contribuyentes con patrimonios elevados fijaran en Andalucía su residencia fiscal y dejaran de tributar en otras comunidades autonómas.

En definitiva, más recursos para los andaluces y más recursos para los servicios públicos en Andalucía.

Todas esas medidas físcales han tenido, además, una consecuencia de enorme dimensión ciudadana: la bajada de impuestos en Andalucía ha ido acompañada de un vertiginoso aumento del gasto social. Los Presupuestos andaluces para 2025 destinaron 30.903 millones de euros a gasto social, el 63% del presupuesto, lo que significa en términos comparativos un 44,2% más que en 2018.

El modelo andaluz ha demostrado con creces, que aliviar la carga fiscal y reforzar los servicios públicos no son objetivos incompatibles, sino todo lo contrario, son hechos complementarios, porque en Andalucía el incremento del gasto social ha sido posible gracias a la buena marcha de la economía y al aumento de la recaudación.  

Se estima que las rebajas fiscales autonómicas han dejado más de 1.000 millones de euros al año en el bolsillo de los andaluces. Y esa es, seguramente, la otra gran virtud del modelo de Juanma Moreno: entender que el crecimiento no nace del boletín oficial ni del afán recaudatorio, sino de la libertad económica, de la seguridad jurídica y de la confianza en la sociedad.

Por eso la elección entre Juanma Moreno y María Jesús Montero no es una cuestión de formas, que también. Es una decisión política de fondo. Entre una Hacienda que grava más, genera españoles de primera y de segunda y, además acaba trasladando la factura a las familias; y otra que baja impuestos, cree en la igualdad para competir mejor en un mundo más global y confía en que una economía más dinámica sirve para sostener mejor los servicios públicos.

Ahora llega el momento de defender los intereses que más nos convienen y el lugar de Andalucía no es estar siempre disponible para pagar los privilegios de otros, por mucho que lo mande Pedro Sánchez y lo disponga María Jesús Montero.

Llega el momento de defender un modelo en el que a los andaluces se les respete más, se les castigue menos y se les permita prosperar como españoles de primera. Y eso, hoy por hoy, solo lo garantiza un Gobierno de Juanma Moreno.