Sánchez, Iglesias y aquel Consejo de Ministros, acorralados: ¿hubo prevaricación de todo el Gobierno?

"Absoluta colaboración con el juzgado y absoluta confianza en que el expediente no solamente es transparente, sino que se rige con todas las -digamos- exigencias jurídicas, transparencias de concurrencia". Palabra del presidente del Gobierno en referencia al más que polémico rescate de Plus Ultra. Es la manera de reaccionar de Pedro Sánchez cuando se suceden las detenciones en la trama de corrupción en torno a la aerolínea de capital venezolano. 

Además de esta afirmación, el jefe del Ejecutivo ha dado la cara en más ocasiones sobre este tema. "Total pulcritud por parte del Gobierno de España en esta cuestión", ha llegado también a decir. Y no es el único. María Jesús Montero, entonces ministra de Hacienda y portavoz gubernamental se partió la cara con especial vehemencia contra la oposición en plena sede parlamentaria, cuando era cuestionada por Plus Ultra Líneas Aéreas. "Compañía relevante y estratégica por el nicho de mercado que ocupa", sosteniendo así que todo se hizo conforme a la "legalidad".  

Aunque nunca ha desaparecido de los titulares de prensa en los últimos meses, el rescate de Plus Ultra vuelve a situarse en el epicentro del debate político, judicial y jurídico. La reapertura de distintas líneas de investigación y, especialmente, la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por los presuntos delitos de organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias ha reactivado una pregunta que no pocos se hacen ahora mismo. 

¿Hasta dónde podría alcanzar la responsabilidad penal derivada de la aprobación, el 9 de marzo de 2021, de los 53 millones de euros concedidos por el Consejo de Ministros a la compañía instrumental Plus Ultra Líneas Aéreas?

Denuncia contra todos los ministros del Ejecutivo

El letrado de Iustitia Europa, Luis María Pardo, que se ha personado como acusación popular en diferentes causas anuncia lo que harán en los próximos días. "El 2 de junio solicitaremos la prisión provisional para José Luis Rodríguez Zapatero, debido al riesgo de fuga". No en vano, este martes 'El Confidencial' publica que el expresidente socialista tenía billete para volar este pasado lunes a Venezuela. En concreto, el plan de viaje pasaba por partir rumbo a Caracas, desde Madrid, a las 16:10 con la aerolínea Air Europa. El viaje, enmarcado en motivos "privados", haría una escala en la República Dominicana. 

Además de esto, el abogado Luis María Pardo, explica también que su equipo está trabajando en una denuncia a todos y cada uno de los miembros que formaron parte del Consejo de Ministros de aquel 9 de marzo de 2021. El mismo cónclave en el que el gabinete presidencial dio el visto bueno a la inyección de 53 millones de euros para una compañía aérea sin apenas cuota de mercado, con un solo avión, carente de actividad relevante y acostumbrado a cubrir una serie de rutas sobre las que han saltado las sospechas, por ejemplo, al incluir diez toneladas más de peso que las notificadas a las autoridades. 

Fuentes jurídicas consultadas sostienen que, en un escenario en el que se acreditara que el rescate fue impulsado sobre la base de informes falsos, datos manipulados o presiones políticas ilegítimas, la investigación podría terminar alcanzando a quienes participaron en la decisión colegiada. El delito que aparecería entonces sobre la mesa sería el de prevaricación administrativa, tipificado en el artículo 404 del Código Penal, que castiga a la autoridad o funcionario público que dicte una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia.

Sánchez, Iglesias, Calvo, Calviño, Ábalos...

La clave jurídica reside precisamente en ese elemento subjetivo: demostrar que quienes aprobaron el rescate conocían la eventual ilegalidad de la operación. La aparición de nuevos indicios -según las últimas diligencias judiciales- han cambiado parcialmente el escenario político y mediático. Informes incorporados a la causa apuntan ahora a que Plus Ultra podría haber presentado documentación falsa o haber ocultado su situación financiera real para acceder al rescate.

En términos políticos, el problema para Sánchez y su Gobierno de coalición PSOE-Podemos no es únicamente penal. También es institucional. Porque la investigación amenaza con consolidar la idea de que el rescate de Plus Ultra nunca fue una mera decisión técnica, sino una operación profundamente política rodeada de presiones, intermediarios y conexiones de poder. La misma que pone de manifiesto la lucha entre dos tramas: la trama Ábalos y la trama Zapatero. Es evidente, que la salida del exministro del Ejecutivo decantó la balanza en favor del expresidente del Gobierno. 

Y ahí es donde el caso deja de ser exclusivamente un expediente económico para convertirse en un potencial problema de Estado. Porque si la Justicia terminara concluyendo que la operación fue arbitraria o estuvo contaminada por influencias ilícitas, la sombra de la prevaricación podría proyectarse mucho más allá de la SEPI y alcanzar al corazón mismo del Gobierno que la aprobó.

Si esos extremos terminaran acreditándose judicialmente, la presión sobre el Gobierno que aprobó la operación crecería de forma exponencial. Especialmente porque el Consejo de Ministros de aquel 9 de marzo de 2021 estaba integrado por los principales pesos pesados del Ejecutivo de coalición: desde Pedro Sánchez, pasando por Pablo Iglesias, Carmen Calvo, Nadia Calviño, María Jesús Montero o José Luis Ábalos, entre otros.

El 9 de marzo de 2021 el Gobierno estaba conformado por los siguientes miembros: 

Presidente del Gobierno: Pedro Sánchez

Vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales: Pablo Iglesias

Vicepresidenta primera y ministra de Presidencia: Carmen Calvo

Vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos: Nadia Calviño

Ministro de Justicia: Juan Carlos Campo

Ministra de Defensa: Margarita Robles

Ministro del Interior: Fernando Grande-Marlaska

Ministro de Transportes: José Luis Ábalos

Ministra de Hacienda y portavoz: María Jesús Montero

Ministra de Exteriores: Arancha González Laya

Ministra de Educación: Isabel Celaá

Ministra de Trabajo: Yolanda Díaz

Ministro de Agricultura: Luis Planas

Ministra de Política Territorial: Carolina Darias

Ministra de Industria: Reyes Maroto

Ministro de Cultura: José Manuel Rodríguez Uribes

Ministro de Sanidad: Salvador Illa

Ministro de Ciencia: Pedro Duque

Ministro de Consumo: Alberto Garzón

Ministro de Inclusión y Seguridad Social: José Luis Escrivá

Ministro de Universidades: Manuel Castells

Ministra de Igualdad: Irene Montero