Alerta por la falta de vivienda para más de 200 guardias civiles destinados este verano a Baleares
Diversas advertencias apuntan a la grave situación habitacional que afrontarán los agentes que llegarán a las islas entre finales de junio y principios de julio, con riesgo de que algunos tengan que recurrir a soluciones precarias ante la imposibilidad de encontrar alojamiento.
Guardia Civil de espalda.
La situación de la vivienda en Baleares vuelve a situarse en el centro del debate tras las advertencias sobre las dificultades que afrontarán más de 200 guardias civiles que serán destinados este verano al archipiélago.
Según la información trasladada en un comunicado, se ha solicitado la colaboración de los consells insulares y de la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) ante el riesgo de que los nuevos agentes no puedan acceder a un alquiler en condiciones normales en plena temporada alta, lo que podría obligar a algunos a recurrir a soluciones provisionales y precarias.
El secretario provincial de Jucil en Baleares, Tomás Quesada, ha calificado la situación como “extremadamente grave” y ha advertido de que el problema habitacional se recrudece cada verano en las islas. En este sentido, ha señalado que los agentes disponen de un plazo de apenas diez días para incorporarse a sus destinos una vez adjudicadas las plazas, lo que complica aún más la búsqueda de vivienda.
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El grueso de los efectivos previstos corresponde a agentes en prácticas o a profesionales que afrontan su primer destino oficial. Más de la mitad se incorporarán en julio y pertenecen a la 130 promoción de acceso a la escala básica. Mallorca será la isla que reciba el mayor número de incorporaciones, seguida de Ibiza, Menorca y Formentera.
Desde este colectivo se alerta además del impacto que la crisis de la vivienda tiene sobre la estabilidad del servicio público en Baleares. Según sus datos, entre 2021 y 2025 llegaron al archipiélago 1.092 agentes, mientras que 840 abandonaron las islas, evidenciando la dificultad para fidelizar personal debido al elevado coste de vida.
Por ello, además de medidas urgentes de alojamiento temporal, se reclama al Ministerio del Interior una respuesta estructural, con la actualización del plus de insularidad y la declaración de Baleares como Zona de Especial Singularidad (ZES), con el objetivo de compensar las condiciones económicas y laborales de los agentes destinados en el archipiélago.