Quién es quién en el Caso David Sánchez (II): Álvaro Jaén, el diputado de Podemos, que levantó la sospecha
Un nombre, enterrado por la inmediatez inforamativa, es el de este parlamentario del partido morado que ya en 2017, un año antes de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, ya que denunció la creación del puesto para músico.
Álvaro Jaén.
La figura de Álvaro Jaén ha cobrado protagonismo retrospectivo en el llamado “caso David Sánchez”, la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz por la creación y adjudicación de un puesto en la Diputación pacense que acabó ocupado por David Sánchez Pérez-Castejón.
Años antes de que el asunto desembocara en diligencias judiciales, Jaén ya había puesto el foco político sobre la creación de esa plaza desde la oposición de Podemos en Extremadura, convirtiéndose en el primer dirigente en alertar públicamente sobre un proceso que calificó como irregular.
Todo se remonta al 3 de julio de 2017. Ese día, desde la Diputación de Badajoz, comenzó a circular un correo interno que recogía una denuncia política ya publicada por agencias como EFE: la advertencia de Podemos sobre la creación de un puesto en el área de Cultura supuestamente destinado a ser ocupado por el hermano del entonces líder del PSOE, Pedro Sánchez.
El mensaje, remitido a responsables del área, adjuntaba una información en la que la formación morada cuestionaba la legalidad y motivación del proceso. Según el relato de Jaén, el puesto —coordinador de actividades de conservatorios musicales— no existía previamente en la estructura administrativa y se habría diseñado de forma específica poco antes de su adjudicación.
Desde el grupo parlamentario de Podemos en Extremadura se anunciaba entonces la solicitud de documentación y actas internas para esclarecer cómo se había gestado la creación del cargo, así como las razones de su convocatoria.
En su denuncia política, Jaén y su equipo señalaban varios elementos que consideraban llamativos: la ausencia previa del puesto en la relación de plazas de la Diputación, la configuración de unas bases que —según su interpretación— no exigían inicialmente la titulación específica de profesor de música como requisito excluyente, y un proceso de selección que describían como reducido a una entrevista.
Estas afirmaciones fueron acompañadas de una crítica más amplia al funcionamiento institucional en Extremadura, donde Podemos acusaba al PSOE de actuar como un “binomio” con la Junta, llegando a hablar de una administración convertida en “agencia de colocación de amiguetes”, en expresión utilizada entonces por la formación.
Desde el entorno socialista y la propia Diputación de Badajoz, sin embargo, la respuesta fue tajante: el proceso se ajustaba a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, y respondía a necesidades organizativas reales en la coordinación de los conservatorios.
La institución provincial defendió que la plaza se creó en noviembre de 2016 y fue publicada oficialmente en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro de los procedimientos ordinarios. Posteriormente, en la convocatoria pública se habrían presentado 11 candidatos, evaluados en función de méritos y proyectos.
Según esta versión, el adjudicatario resultó ser el aspirante “más idóneo”, con un perfil profesional acorde a las funciones del puesto, que incluían la coordinación de actividades musicales y proyectos educativos en los conservatorios de la provincia.
La Diputación insistió además en que se trataba de un cargo de libre designación, habitual en puestos directivos, y no de acceso a la función pública mediante oposición.
El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y el exlíder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, sentados en el banquillo de la Audiencia de Badajoz.
El paso del tiempo transformó aquel debate político en un procedimiento judicial. La causa abierta actualmente analiza la creación y adjudicación del puesto ocupado por David Azagra, así como el papel de distintos responsables institucionales, entre ellos el entonces presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
En este contexto, la figura de Álvaro Jaén ha sido recuperada como la del primer denunciante político del caso. Según su propio relato, su intervención surgió tras el seguimiento del Boletín Oficial de la Provincia, donde detectó la publicación del nombramiento y alertó de inmediato sobre lo que consideraba un procedimiento opaco.
“Aquel día vimos el nombre y nos llamó la atención el proceso”, ha llegado a explicar en retrospectivas posteriores, recordando que incluso aspirantes al puesto trasladaron dudas sobre cómo se estaba desarrollando la selección.
Aunque en 2017 la denuncia política tuvo recorrido mediático y parlamentario limitado, el caso quedó en segundo plano hasta que años después una denuncia judicial —presentada por el entorno de Manos Limpias— reactivó las pesquisas, que hoy acumulan informes, declaraciones e imputaciones.
Álvaro Jaén.
Desde el PSOE y distintos responsables institucionales se ha insistido en que se trata de una causa alimentada por intereses políticos y mediáticos, mientras que desde la acusación se subraya la existencia de posibles irregularidades en la creación del puesto y su adjudicación.
Más allá del desarrollo judicial, la cronología política sitúa a Álvaro Jaén como una figura clave en el origen del debate público. Su denuncia, formulada en 2017 desde la oposición autonómica, fue el primer cuestionamiento formal sobre la idoneidad del proceso de creación del puesto que acabó ocupando el hermano del presidente del Gobierno.
Hoy, con la investigación en marcha, aquel episodio se reinterpreta como el punto de partida político de una historia que ha terminado por convertirse en uno de los casos más sensibles en el entorno institucional de la Diputación de Badajoz y del propio PSOE.