Quién es quién en el Caso David Sánchez (I): los otros imputados
Los escritos de acusación del conocido como caso David Sánchez apuntan a una presunta trama de adjudicaciones y modificaciones de puestos públicos en la Diputación de Badajoz en la que habrían intervenido cargos políticos y funcionarios en distintas fases del proceso.
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El llamado caso que afecta a David Sánchez sigue ampliando su radio de implicaciones con una lista de cargos políticos y funcionarios que, según los escritos de acusación, habrían participado en distintas fases de la creación, modificación y adjudicación de puestos públicos presuntamente diseñados a medida.
Las acusaciones sostienen la existencia de un patrón continuado en el tiempo que habría permitido la consolidación de distintos nombramientos en el área de Cultura de la Diputación, siempre bajo la sospecha de falta de concurrencia pública real y con intervenciones directas de responsables políticos y técnicos.
Luis Carrero: el “amigo personal” en el centro de la polémica
Uno de los nombres más destacados es el de Luis Carrero, señalado por su supuesta relación de amistad íntima con David Sánchez. Según el escrito acusatorio, habría sido beneficiado con la creación de una jefatura de sección que posteriormente le fue adjudicada mediante comisión de servicios.
Para él se solicita una pena de un año y seis meses de prisión, multa del doble del beneficio obtenido, seis años de inhabilitación y prohibición de contratar con el sector público durante ocho años, además de la devolución de los salarios percibidos.
Las acusaciones sostienen que habría utilizado su relación personal para acceder a un puesto creado ad hoc.
Cristina Núñez y Elisa Moriano: la “cobertura administrativa” del proceso
La exdiputada de Cultura en 2017, Cristina Núñez, es señalada por su intervención en la tramitación administrativa de la plaza que acabaría ocupando David Sánchez. Se le reclama una inhabilitación especial de 15 años y multa de seis meses, al entender las acusaciones que su papel habría sido clave para dotar de apariencia de legalidad a un nombramiento previamente decidido.
En una línea similar, Elisa Moriano, entonces directora del área de Cultura, se enfrenta también a 15 años de inhabilitación y multa. Se le atribuye participación en la creación del puesto, en su tramitación y en la propuesta de adjudicación, con conocimiento —según las acusaciones— de su supuesta irregularidad.
Funcionarios bajo sospecha: Félix González y Manuel Candalija
El funcionario Félix González es otro de los señalados. Las acusaciones sostienen que intervino en la comisión asesora que adjudicó el puesto y que era consciente de que el destino final del mismo estaba previamente decidido. Para él se solicitan 15 años de inhabilitación y multa económica.
Por su parte, Manuel Candalija, actual director de Cultura, habría participado tanto en la creación del puesto de Carrero como en su cobertura “urgente e inmediata”, además de su intervención en procesos anteriores relacionados con la plaza de David Sánchez. Se le pide un año y seis meses de prisión, multa e inhabilitación de seis años.
Responsabilidades políticas: Francisco Martos y Ricardo Cabezas
El exdiputado de Cultura Francisco Martos también figura entre los señalados por su papel en la modificación del puesto de David Sánchez en 2022, transformado en jefe de la Oficina de Artes Escénicas sin convocatoria pública, según las acusaciones.
Se le reclama un año y seis meses de prisión, multa e inhabilitación, al entender que habría colaborado en un cambio diseñado para consolidar un cargo supuestamente personalizado.
Francisco Martos.
En la misma línea, el actual diputado de Cultura, Ricardo Cabezas, es acusado de intervenir en la creación de un puesto en comisión de servicios para Luis Carrero, con propuesta de cobertura “inmediata y urgente”.
Juana Cinta Calderón: la modificación del puesto en 2022
La exresponsable de Recursos Humanos de la Diputación y actual primera teniente de alcalde de Olivenza, Juana Cinta Calderón, aparece en los escritos por su supuesta colaboración en la modificación del puesto de David Sánchez en 2022
Las acusaciones sostienen que habría facilitado el cambio de denominación y funciones del cargo, manteniendo al beneficiario en el puesto sin convocatoria pública. Para ella se solicitan penas de prisión, multa e inhabilitación.