La sombra del PNV aparece en la trama de Leire Díez: la empresa registrada por la UCO fue rescatada a exigencia de los nacionalistas

La investigación sobre la presunta trama encabezada por la fontanera del PSOE, Leire Díez, y Santos Ceerdán sigue extendiendo sus tentáculos y ahora vuelve a situar el foco sobre una operación que en su día fue presentada como estratégica para la industria vasca. La entrada este jueves de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede de Tubos Reunidos, en Bilbao, ha reabierto las preguntas sobre el rescate de más de 112 millones de euros concedido por la SEPI a la compañía y sobre el papel que distintos actores políticos como en PNV pudieron desempeñar en aquella operación.

Tubos Reunidos no es una empresa cualquiera dentro de esta investigación. Según las diligencias judiciales conocidas hasta la fecha, la compañía figura entre las operaciones analizadas por la Audiencia Nacional en el marco del denominado caso Leire Díez, una causa que investiga presuntas irregularidades en adjudicaciones y ayudas públicas vinculadas a la SEPI. La relevancia política del asunto es evidente. La empresa vasca fue una de las grandes beneficiadas por los rescates públicos aprobados durante la pandemia, obteniendo una ayuda de 112,8 millones de euros. En aquel momento, la operación contó con una fuerte presión institucional desde el País Vasco, donde el PNV defendió la necesidad de salvar una compañía considerada estratégica por su peso industrial y por el empleo que genera.

Ahora, sin embargo, el rescate vuelve a estar bajo la lupa. Según las investigaciones judiciales, el magistrado que instruye la causa, el juez Pedraz, investiga una supuesta intermediación de un grupo formado por Leire Díez, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y el empresario Antxon Alonso -socio de Santos Cerdán- para favorecer determinadas decisiones relacionadas con ayudas y contratos públicos. Entre las operaciones examinadas figura precisamente la concesión del rescate de 112 millones a Tubos Reunidos. De acuerdo con la investigación, esa presunta intermediación habría generado facturaciones que los investigadores consideran sospechosas de 10 millones de euros y que forman parte de la documentación analizada por la Audiencia Nacional. La entrada de la UCO en las instalaciones de la empresa busca precisamente recabar más información sobre esas operaciones.

La aparición de la UCO en Tubos Reunidos también vuelve a poner sobre la mesa el papel desempeñado por el nacionalismo vasco durante la negociación de los rescates empresariales. El PNV defendió públicamente la necesidad de apoyar a la compañía y trasladó al Gobierno de Sánchez la importancia de preservar un activo industrial clave para el País Vasco. De hecho, junto a otras fuerzas vascas con Bildu, reclamó una actuación decidida del Estado para evitar el deterioro de la empresa. El problema para los nacionalistas es que una operación que durante años presentaron como un ejemplo de colaboración institucional ahora aparece en una investigación judicial que examina posibles influencias irregulares alrededor de las ayudas públicas de la SEPI dentro de la trama de la fontanera del PSOE, Leire Díez. Esto coloca el rescate en un contexto mucho más incómodo políticamente para los nacionalistas vascos.