Del suplicatorio a irse de rositas: la imputación de Sánchez quedaría en manos de la mayoría que aún le sostiene
La autorización para investigar a Pedro Sánchez dependería de una votación en el Congreso, donde PSOE y socios disponen de una mayoría capaz de aprobar o rechazar la petición del Tribunal Supremo.
Pedro Sánchez
La posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pudiera verse afectado por una investigación judicial ha reabierto el debate sobre una figura poco habitual para la opinión pública: el suplicatorio. Se trata del mecanismo que permite al Tribunal Supremo solicitar autorización al Congreso para actuar penalmente contra un diputado aforado.
En el caso de Sánchez, además de ser presidente del Gobierno, ostenta un escaño en el Congreso y, por tanto, está protegido por las prerrogativas parlamentarias recogidas en la Constitución. Esto significa que cualquier actuación penal dirigida contra él requeriría previamente la intervención del Supremo y, posteriormente, la autorización de la Cámara Baja mediante un suplicatorio
Cómo funciona el procedimiento
Si un juez encontrara indicios de delito contra un diputado aforado, no podría continuar el procedimiento de forma ordinaria. La causa tendría que llegar al Tribunal Supremo, que decidiría si existen motivos suficientes para solicitar el correspondiente suplicatorio al Congreso.
Una vez recibida la petición, la Mesa del Congreso la remite a la Comisión del Estatuto de los Diputados. El parlamentario afectado puede presentar alegaciones y, posteriormente, la cuestión se somete a votación en el Pleno de la Cámara. La decisión final corresponde a los diputados.
El ejemplo más reciente fue el del exministro José Luis Ábalos, cuyo suplicatorio fue aprobado por unanimidad en enero de 2025, permitiendo al Supremo continuar la investigación en el denominado caso Koldo
¿Qué ocurriría si el Congreso lo rechazara?
La clave jurídica está precisamente en este punto. Si el Congreso denegara el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo, la investigación contra el diputado afectado no podría avanzar en los términos planteados mientras mantuviera su condición de parlamentario aforado.
Diversos análisis jurídicos recuerdan que la negativa de la Cámara tiene consecuencias procesales relevantes, ya que impide al órgano judicial continuar determinadas actuaciones contra el aforado
El rechazo del suplicatorio no supondría una absolución ni una declaración de inocencia.. Sin embargo, sí impediría que el procedimiento siguiera adelante respecto al diputado mientras conservara su escaño y las prerrogativas asociadas al mismo.
Una decisión con mayoría parlamentaria
La particularidad de este escenario es que la autorización no depende exclusivamente de los tribunales. La última palabra la tiene el Congreso de los Diputados.
Por ello, si alguna vez llegara a plantearse un suplicatorio contra Pedro Sánchez, serían los mismos grupos parlamentarios que sostienen actualmente al Gobierno quienes tendrían capacidad para aprobarlo o rechazarlo. La votación convertiría una cuestión jurídica en un asunto de enorme trascendencia política e institucional.
Desde la década de los noventa el Congreso no ha rechazado ningún suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo. De hecho, alrededor del 70% de las peticiones tramitadas desde el inicio de la democracia han sido autorizadas por la Cámara.
Por ese motivo, un hipotético rechazo a una petición del Supremo abriría un escenario inédito en las últimas décadas, con consecuencias tanto jurídicas como políticas para el funcionamiento de las instituciones del Estado
Los socios que sostienen la legislatura
Cabe recordar que los partidos que previsiblemente tendrían la llave de una eventual votación sobre el suplicatorio son, en gran medida, los mismos que hicieron posible la investidura de Pedro Sánchez y han sostenido la legislatura desde 2023. PSOE y Sumar gobiernan en coalición gracias al apoyo parlamentario de formaciones como ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, cuyos votos han resultado decisivos en numerosas votaciones durante la legislatura.
En un escenario hipotético en el que el Tribunal Supremo solicitara un suplicatorio contra el presidente, serían precisamente esos grupos parlamentarios los que tendrían capacidad para inclinar la balanza en el Congreso y decidir si la petición judicial sale adelante o es rechazada